Más de 2.000 familias de clase trabajadora en una barrio marginal de Ecuador fueron engañadas para que compraran pequeñas parcelas de tierra que nunca estuvieron a la venta, en un ejemplo de un crimen regional que afecta fuertemente las zonas rurales, pero que también puede tener un impacto importante en las ciudades.
Durante los últimos años, la ya congestionada ciudad porteña de Guayaquil, en el Pacífico, ha atraído masas de personas a sus sectores periféricos, según El Telégrafo. Las autoridades informan que frecuentemente, estafadores sin derechos de propiedad venden a los recién llegados pequeñas parcelas de tierra, que en ocasiones incluyen viviendas en condiciones precarias.
En el sector de Monte Sinaí, en el noreste de la ciudad, un hombre fue arrestado recientemente por estafar a 2.400 familias, informó El Comercio. El caso no es único: Julio César Quiñónez, titular de Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, afirmó que los traficantes de tierras han afectado a cerca de 19.000 familias en ese sector. También dijo que actualmente hay 103 personas en Ecuador que están siendo procesadas por fraude de tierra, informó Ecuadorinmediato.com.
Quiñónez y su oficina han liderado cambios en el código penal para que sea más fácil para las autoridades ir tras los estafadores de tierra y asegurar que las personas que estafadas sean compensadas ??por sus pérdidas.
Análisis de InSight Crime
Si bien el robo de tierras en Latinoamérica es a menudo vinculado con el ecotráfico y la agricultura, las pequeñas parcelas urbanas también pueden ser vulnerables. En el caso de los barrios marginales de Guayaquil, que parece ser, en parte, producto de un Estado mal equipado para hacer frente al gran influjo de personas hacia la ciudad. Sin embargo, el gobierno ha hecho claros intentos para rectificar el problema, creando la oficina de asentamientos irregulares hace algunos años.
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El tráfico y robo de tierra siguen siendo problemáticas complicadas en otros países también. Es especialmente frecuente en Guatemala, que registró 1.400 casos de este crimen en 2013. Nicaragua también se ha visto afectada, y en enero un hombre fue arrestado por hacer parte de un grupo que organizó la venta ilegal de tierras e invasiones ilegales en la reserva forestal más importante del país.
El crimen es a menudo facilitado por funcionarios y empresarios corruptos. En Argentina, un grupo criminal fue acusado recientemente de robar tres propiedades pertenecientes a un pintor fallecido, mientras que en un caso en Guatemala, una red de robo de propiedades utilizaba a funcionarios del gobierno par falsificar documentos.