Un nuevo estudio de dos grupos locales salvadoreños por la defensa de los derechos humanos suministra evidencia adicional de ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de la policía de El Salvador, en un caso que ahora parece trascender al escenario judicial internacional.
En el estudio, presentado el 5 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), y Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) relataron en forma de crónica tres casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, según información recogida por El Faro.
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Los tres casos presentados ante la comisión fueron una masacre en la urbanización San Blas, el homicidio de la hermana de un agente de policía y su esposo, y el homicidio de Ángel Ábrego en febrero de 2016, según El Faro.
Adicionalmente, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador ha investigado 47 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2015, según El Faro. Y las cifras oficiales de la Fiscalía General de la República informan un incremento de 630 por ciento en el número de agentes de seguridad acusados de homicidio, entre 2014 y 2016.
El informe presentado a la CIDH también señala que entre 2014 y 2017, fueron asesinados 238 agentes de seguridad presuntamente por pandilleros, mientras que 1.415 personas —90 por ciento de los cuales eran sospechosos de pertenecer a pandillas— fueron asesinados en "supuestas confrontaciones" entre fuerzas de seguridad y presuntos pandilleros desde 2015. Para el comisionado de la CIDH James Cavallaro, la relación desproporcionada de pandilleros asesinados frente a policías caídos en enfrentamientos era preocupante.
"Cuando hay cifras así, se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución. [...] Ya estamos trabajando con un patrón de uso extremadamente excesivo de fuerza letal por parte de los agentes del estado", puntualizó Cavallaro en la conferencia. (Ver video abajo)
(Video cortesía de El Faro)
Luego de la presentación, el ministro de seguridad encargado de El Salvador Raúl López negó vehementemente cualquier responsabilidad del estado en posibles violaciones a los derechos humanos.
"Descarto y niego totalmente cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos ilegales que violenten derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas", se pronunció.
Análisis de InSight Crime
El presunto caso de escuadrones de exterminio en El Salvador está ascendiendo rápidamente para convertirse en un caso judicial de trascendencia internacional, que podría tener implicaciones para la ayuda exterior a las fuerzas de seguridad de El Salvador. El gobierno estadounidense sigue estudiando cómo asignar un cuantioso paquete de ayuda para la región, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) trabaja de cerca con la policía salvadoreña.
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Pero hasta el momento, la atención internacional no ha parecido tener consecuencias en El Salvador. El 4 de septiembre, fueron dejados en libertad los agentes acusados de ejecuciones extrajudiciales y se enviaron a una licencia administrativa, aunque aún están pendientes los fallos finales, pues los investigadores están en la etapa preliminar.
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