Las autoridades de Panamá han levantado la restricción a la importación de armas en el país, una norma que estuvo en vigor casi una década, lo que podría terminar beneficiando a traficantes y funcionarios corruptos en un momento en que la tasa de homicidios del país centroamericano va en ascenso.
En un comunicado del 21 de enero, el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, anunciaron la decisión de derogar una ley de 2011, que limitaba la cantidad de armas de fuego que los importadores podían recibir por cargamento.
Esta norma establecía un límite de 200 armas por cargamento y de 400 al año, según explicó Isaac Brawerman, de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), como informó la agencia EFE. Antes de la implementación de la ley sobre armas, los importadores podían recibir hasta 4.000 armas de fuego en un solo envío, agregó Brawerman.
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La medida se anuncia en medio de un repunte de la tasa de homicidios en el país. El año pasado cerró con 472 homicidios, 74 por ciento de los cuales se perpetraron con armas de fuego, según información del Ministerio Público. Esta cifra significa un incremento de 7,5 por ciento en relación con los 439 homicidios contabilizados en 2018.
El ministro Mirones había afirmado a comienzos de este mes que la mayoría de las muertes violentas en Panamá son resultado de disputas entre pandillas, una dinámica que podría agudizarse con la flexibilización de las regulaciones sobre las armas y un posible incremento en el número de armas en circulación.
Análisis de InSight Crime
Es difícil encontrar una lógica para el desmonte de las restricciones a las importaciones de armas en Panamá, en un momento en que los homicidios se recrudecen, sobre todo teniendo en cuenta que ese tipo de armas han sido tradicionalmente un motor de la violencia en Latinoamérica y el Caribe, una de las regiones más homicidas del mundo.
Panamá ha sido identificado en el pasado como un importante centro para el tráfico regional de armas, según una evaluación de amenazas realizada en 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). Su ubicación geográfica convierte al país en destino natural para las armas procedentes de Estados Unidos, donde las leyes sobre armamento son laxas, y para las que viajan por Centroamérica. Desde Panamá, las armas son sacadas del país, con frecuencia hacia el sur, a Colombia.
(Mapa cortesía de ONUDD)
Las armas de las guerras civiles centroamericanas o las que miembros corruptos de las fuerzas de seguridad ponen a circular en el mercado negro suelen ser objeto de tráfico. Estas armas terminan muchas veces en las manos de los grupos criminales de la región, debido a la corrupción de los funcionarios públicos y a la débil vigilancia.
De hecho, en enero de este año, los fiscales panameños anunciaron que presentarían cargos por tráfico de armas contra el exdirector de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), Ovidio Fuentes, por la presunta importación ilegal de armas y municiones desde Estados Unidos para revenderlas a precios inflados, según información de La Prensa.
Fuentes y otros funcionarios de la DIASP presuntamente alteraban las licencias de porte de armas para que dijeran que se habían adquirido de conformidad con la ley de 2011, aun cuando las armas habían sido compradas entre 2016 y 2017. De acuerdo con la prohibición anterior, solo personal de seguridad autorizado podía importar armas, y los funcionarios de la DIASP eran los responsables de emitir las licencias y certificaciones requeridas para dichas armas.
Las autoridades panameñas aún no entregan más detalles sobre las nuevas regulaciones, pero la medida que reabre las importaciones de armas podría facilitar el acceso a armamento a los grupos criminales. Las propuestas de flexibilizar las leyes de porte de armas en países como Brasil han sido objeto de críticas similares, como el hecho de que una mayor disponibilidad de armas no hará más que atizar la violencia.
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