Joaquín "El Chapo" Guzmán, otrora líder del Cartel de Sinaloa, ha conseguido dos amparos judiciales en México, lo cual retrasaría su posible extradición a Estados Unidos y sugiere que una larga batalla legal está por delante.
Después de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam anunciara el 21 de enero que Estados Unidos buscaba la extradición de El Chapo, el equipo legal de Guzmán se apresuró a presentar una apelación legal llamada "amparo", la cual es conocida por dilatar los procesos de extradición. La orden judicial provisional exige al gobierno confirmar dentro de un plazo de 24 horas si una solicitud de extradición ha sido recibida, informó Proceso.
Aunque al parecer el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido aún una petición formal, Murillo Karam se ha retractado de sus declaraciones anteriores, en las que se oponía a la extradición de Guzmán. Según Forbes, el procurador dijo que no habrá problema en realizar el trámite pero “en su momento decidirán lo más conveniente”. Esta declaración probablemente signifique que se presentará después de una condena en México, la cual podría darse incluso este año.
Murillo Karam había dicho previamente que México no tenía "ninguna intención" de enviar a Guzmán a enfrentar un juicio en Estados Unidos, debido a los “tratos” a los que llegan los tribunales estadounidenses con los criminales, informó Forbes recientemente.
Análisis de Insight Crime
Los tribunales mexicanos rechazaron los intentos anteriores de Guzmán por bloquear su extradición, con el argumento de que no se había recibido ninguna petición formal. En febrero de 2014, poco después del arresto de Guzmán, circularon rumores de que Estados Unidos buscaría su extradición, pero no se materializó ninguna solicitud formal.
Dados los recientes logros legales de Guzmán, parece ser que las autoridades estadounidenses se enfrentan a una larga batalla para conseguir la extradición del hombre que encabezó muchas de sus listas de los "más buscados" antes de su captura.
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Las extradiciones han disminuido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto; solo 19 de ellas ocurrieron en el primer semestre de 2013, en comparación con 579 durante los seis años de mandato de su predecesor Felipe Calderón.
Por lo general, el gobierno de Peña Nieto ha buscado extraditar únicamente a los criminales que ya han sido condenados en México, lo que quizá es un intento de demostrar la eficacia del sistema judicial del país.
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