Un hombre de negocios en Guatemala afirma que pagó cientos de miles de dólares en sobornos para comprar el silencio de importantes políticos, en desarrollo de una investigación por lavado de dinero con muchas ramificaciones.
El 16 de mayo, en una audiencia sobre el caso de lavado de dinero, el empresario Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, o Dollar Boy, que se encuentra privado de la libertad, declaró contra los excongresistas Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán, y el hermano de este último, el abogado y ex candidato a la vicepresidencia Édgar Barquín Durán, informó Crónica.
Morales dijo a la audiencia que dio cerca de US$ 400.000 (3 millones de quetzales) a los tres hombres “para no ser denunciado” .
Morales, Martínez y los hermanos Barquín están acusados de formar una red de lavado de dinero que supuestamente maneja alrededor de US$ 122,7 millones (937 millones de quetzales) en dinero de la droga, a la vez que financia campañas políticas, informó Prensa Libre. Se dice que Morales lideró la red que funcionó desde 2008 hasta 2011.
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Morales declaró a la audiencia que había sido amenazado y temía por su vida, y pidió que se tomaran medidas de seguridad para él y su familia. También dijo que los hermanos Barquín, Martínez y otro abogado deberían ser considerados responsables si algo le ocurriese algo, informó Publinews.
Édgar Barquín —exdirector del banco del estado de Guatemala— negó las afirmaciones de Morales. “Yo no lo he amenazado”, dijo Barquín a Publinews. “Su testimonio [...] es confuso para mí”.
Morales declaró ante el juez que nunca había lavado dinero, sino que ha comerciado legalmente con divisas, informó Publinews.
Gráfico de elPeriódico, donde se detalla la red de lavado de dinero de Morales, basado en información de los investigadores
Análisis de Insight Crime
Esta red de lavado de dinero a gran escala fue desmantelada en 2015 como parte de la investigación “Blanqueo y política”, dirigida por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por la ONU.
Según el informe de la CICIG sobre el caso, la red recogía grandes cantidades de dinero en efectivo —principalmente dólares—, que Morales introducía al sistema financiero a través de unas 200 empresas falsas y testaferros. Posteriormente, el dinero se transfería a cuentas bancarias extranjeras, encubierto como transacciones comerciales.
Los investigadores dicen que la red ilegal era protegida por poderosos miembros de la élite. El director del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, supuestamente habría protegido a Morales de cualquier investigación, mientras que su hermano utilizaba sus oficinas y asistentes en el Congreso para apoyar las actividades de Morales. A cambio, se dice que Morales financió actividades políticas, incluida la candidatura de Martínez al congreso en 2011.
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El grave abuso de poder para promover intereses criminales es una característica muy común en la política de Guatemala. La revelación de la corrupción alcanzó los niveles más altos a finales del año pasado, cuando el presidente y la vicepresidenta fueron encarcelados por supuestamente dirigir una red criminal que malversó millones en recursos del estado a través de un sistema de fraude aduanero.
Hazañas judiciales de alto alcance como éstas habrían sido inimaginables antes de que la CICIG —que lleva a cabo investigaciones independientes— comenzara su misión contra la corrupción enquistada en el gobierno.
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