El principal organismo regional de derechos humanos en Latinoamérica ha aprobado nuevas medidas para supervisar los avances del gobierno mexicano en su investigación de un caso emblemático de desaparición masiva, pero es poco probable que esta última medida produzca las respuestas que las familias de las víctimas han esperado durante mucho tiempo.
En un documento (pdf) publicado el 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que nombrará al menos a dos consejeros especiales para que supervisen la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes, que ocurrió en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.
El gobierno mexicano ha dicho que la corrupta policía local secuestró a los estudiantes y se los entregó a una banda de traficantes de droga, quienes asesinaron a los jóvenes e incineraron sus cuerpos. Sin embargo, los grupos de derechos humanos tanto del país como del extranjero, así como un panel internacional de expertos de la CIDH que llevaron a cabo su propia investigación del caso de manera independiente, han puesto en duda la validez de la investigación del gobierno y algunas de sus afirmaciones centrales sobre lo que sucedió.
Los consejeros especiales de la CIDH estarán encargados de garantizar que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones según acuerdos internacionales, para llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva de la desaparición masiva. La declaración de la CIDH dice que los consejeros tendrán “acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso” y que cooperarán con el gobierno con el fin de cumplir con su trabajo.
Además, un relator de la Comisión hará al menos tres visitas a México para supervisar los avances en el caso y podrá emitir declaraciones públicas sobre sus hallazgos.
La CIDH observó además que, hasta el momento, “
las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos que permitan su localización [de los estudiantes desaparecidos].” La organización le pidió al gobierno mexicano “redoblar sus esfuerzos a fin de implementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino” de los jóvenes.
Los familiares de los desaparecidos expresaron su cauto optimismo por las nuevas medidas. Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares, dijo que considera que las nuevas medidas son satisfactorias, pero otros familiares dijeron que representaban sólo un pequeño avance en la búsqueda permanente de sus hijos.
Análisis de InSight Crime
La desaparición de los 43 estudiantes provocó indignación generalizada en México, pues muchas personas consideraron que el caso es emblemático de lo que algunos expertos describen como “falencias de seguridad” del país. El hecho de que el gobierno mexicano no haya determinado aún el paradero de los estudiantes o su destino final —casi dos años después del incidente— ha afectado aún más la credibilidad en las instituciones policiales y judiciales, que desde antes de este caso ya tenían una mala reputación tanto en el país como en el extranjero.
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Teniendo en cuenta que el grupo de expertos encargados por la CIDH —órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos— ha permitido algunos avances claves en el entendimiento del caso por parte de la ciudadanía, es probable que una mayor participación de la organización contribuya a entender mejor lo que ocurrió.
El gobierno mexicano probablemente estuvo de acuerdo con las nuevas medidas, en un intento por evadir las críticas que recibió por su manejo del caso. Sin embargo, los expertos independientes que intentaron apoyar la investigación oficial anteriormente dijeron que sus esfuerzos fueron obstaculizados por funcionarios mexicanos y que fueron sometidos a una “campaña de desprestigio” a través de los medios de comunicación.
Fuentes próximas al caso consultadas por InSight Crime señalaron que los expertos también tuvieron acceso a la documentación del gobierno, por lo que no parece que el nuevo acuerdo aportará mucho para que la CIDH haga avances importantes o que pueda esperar suficiente cooperación del gobierno mexicano.
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