Más de 300 unidades de policía comunitaria en Guatemala operan ilegalmente y algunas están involucradas en el narcotráfico, según un nuevo estudio, resaltando tanto los peligros de las operaciones de seguridad informales como la debilidad institucional y la falta de recursos que aflige a las fuerzas de seguridad del país.
Las juntas locales de seguridad fueron creadas por primera vez en 1999 para ayudar a combatir el crimen en Guatemala, tres años después de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil del país. Según un informe de 2012 del Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz de la Universidad Rafael Landívar (INTRAPAZ), en la actualidad hay más de 1.000 de estos grupos, aunque sólo 717 están legalmente registrados, informó Prensa Libre.
Según Luis Mario Martínez Turcios, quien supervisó el estudio, las autoridades han perdido el control de muchos de estos grupos. Martínez dijo que la falta de presencia estatal en algunas zonas del país ha permitido a los grupos ganar autonomía y participar en secuestros, imponer toques de queda, llevar a cabo detenciones ilegales y hacer cumplir sus propios procesos judiciales y castigos.
Entre otros, citó los casos de Tajumulco e Ixchiguán, en la provincia de San Marcos cerca de la frontera con México, donde existe el mayor número de unidades registrada. También dijo que en la región, que es un punto importante para el narcotráfico, las unidades de policía comunitaria ilegales están vinculadas al narcotráfico, esconden armas en los cementerios y con frecuencia participan en enfrentamientos.
El Viceministro de Apoyo Comunitario, Arkel Benítez negó que los grupos estén fuera de control.
Análisis de InSight Crime
El papel de las juntas locales de seguridad de Guatemala no estuvo claramente definido en el momento de su creación, pero los grupos de ayuda internacional insistieron en que se pueden utilizar como parte de un nuevo modelo de seguridad para combatir el crimen y la violencia, según Plaza Pública. Más tarde, algunos municipios, incluyendo la ciudad de Guatemala, incorporaron estas juntas en su estructura institucional, pero les permitieron funcionar de manera autónoma.
La falta de recursos del Estado y la corrupción policial son los dos principales problemas que afectan la seguridad en Guatemala. En 2012, la policía nacional se retiró de 32 municipios del país, muchos de ellos importantes para el comercio de la droga, y cerca de 200 policías fueron removidos de sus cargos por vínculos criminales. Aunque la policía comunitaria puede proporcionar seguridad en zonas que no cuentan formalmente con policía, su existencia también plantea peligros ya que puede tomar la justicia en sus propias manos o criminalizarse, como ha ocurrido en el pasado en México y Colombia.
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