La fiscalía de Colombia ha acusado a los dirigentes del ELN de cometer 15.896 crímenes, una medida legal que ejercerá más presión sobre la guerrilla para que cumpla su promesa de someterse a un proceso de paz.
el 11 de mayo, la Fiscalía General de Colombia dijo que había emitido una “macroimputación” contra cinco miembros del Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Se viene construyendo el origen, evolución, expansión, políticas y estrategias del ELN, las estructuras y los máximos responsables por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos dentro del marco del conflicto armado interno”, dice el comunicado de prensa de la Fiscalía General publicado en línea.
La acusación general cubre el periodo 1986-2016 y sostiene que el COCE es responsable de 4.894 secuestros, 930 casos de reclutamiento forzado, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos, 1.605 violaciones de los derechos humanos y 80 casos de violencia de género.
Entre los casos concretos atribuidos a los dirigentes del ELN se encuentran el secuestro y asesinato del obispo del departamento de Arauca en 1989, el asesinato de líderes políticos y de miembros de las fuerzas de seguridad, varios “secuestros masivos” y casos de abuso sexual contra mujeres guerrilleras.
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La fiscalía también acusó a los líderes del ELN de asesinato, en relación con la muerte de 126 mujeres en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare —muchas de las cuales eran compañeras de oficiales de la policía o el ejército—, señalando que dichos casos serán enjuiciados como feminicidios, es decir, el asesinato de mujeres debido a su género.
Los cargos pesan sobre los siguientes miembros del COCE: Nicolás Rodríguez Bautista, “Gabino”, Israel “Pablo Beltrán” Ramírez Pineda, Eliécer “Antonio García” Chamorro, Gustavo “Pablito” Giraldo Quinchía, y Rafael “Ramiro Vargas” Sierra Granados.
Análisis de InSight Crime
Este importante paso que ha dado el gobierno colombiano pocas semanas después de que el ELN acordara iniciar conversaciones formales de paz demuestra que el Estado está dispuesto a enfrentar a la guerrilla en el ámbito judicial, así como en el frente diplomático.
Pese a los reiterados intentos del gobierno colombiano por dejar claro que el momento para llegar a la paz con el ELN es ahora o nunca, el camino para llegar a las negociaciones oficiales ha sido permanentemente espinoso. Recientes investigaciones de campo de InSight Crime descubrieron evidencia de que al menos un miembro del comando central del ELN —el comandante del Frente de guerra Oriental llamado Pablito— se opone a las conversaciones de paz. Los constantes ataques del ELN, principalmente por parte de las tropas de Pablito, han amenazado con desbaratar las negociaciones en más de una ocasión.
El ELN además ha rechazado las exigencias del gobierno de que el grupo suspenda los secuestros, a pesar de que el proceso de paz puede estancarse hasta que los rehenes hayan sido liberados.
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Esta “macroimputación” supone una amenaza más tangible para los líderes del ELN. Si bien ellos ya son requeridos por numerosos crímenes por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, esta acusación integral implica una situación jurídica más delicada para el COCE en caso de que el ELN se retire del proceso de paz y de los posibles beneficios de la justicia transicional.
La medida pone sobre aviso a los comandantes del ELN de que podrían ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, llevándolos a un territorio legal que podría trascender la jurisdicción de justicia transicional, internacionalmente aceptada.
Dadas las conversaciones de paz con el principal grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno también está en condiciones de asignar más recursos militares para ejercer presión sobre las tropas del ELN. Las FARC han declarado un cese al fuego unilateral, que en general han mantenido. Las acciones militares contra el ELN se han hecho evidentes en la reciente captura y muerte en combate de dos jefes del ELN en el occidente colombiano.
Esta demostración de poder estatal contra la segunda guerrilla colombiana se presenta en un momento que podría ser crucial. InSight Crime ha observado evidencias de que algunas unidades de las FARC ya se están pasando a las economías ilegales de sus compañeros guerrilleros, lo que aumenta el riesgo de que el ELN resulte fortalecido como resultado de una posible desmovilización de las FARC.
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