El Congreso de Colombia aprobó una nueva ley que aumenta las penas para los implicados en el delito del contrabando, lo cual ha generado temores por la persecución de los contrabandistas de poca monta y las comunidades que dependen del comercio para su supervivencia económica.
El 16 de junio, con 100 votos a favor y cinco en contra, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una nueva ley que aumenta las sanciones y el tiempo de prisión para quienes sean hallados culpables de los delitos de contrabando y fraude aduanero, informó El Heraldo.
La llamada ley anticontrabando define el delito como la importación ilegal de bienes con un valor superior a 50 salarios mínimos (aproximadamente US$11.800). Los condenados ahora enfrentarán penas de prisión que van de cuatro a 16 años y multas de entre 200 y 300 por ciento sobre el valor total de los bienes traficados.
Por ejemplo, quienes sean encontrados contrabandeando 1.000 o más galones de combustible ahora podrán recibir condenas de hasta a 16 años de prisión.
Según El Heraldo, cifras oficiales estiman que el valor del contrabando en Colombia supera los US$6 mil millones. Cecilia Álvarez-Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo, señaló que el contrabando representa cerca del dos por ciento del PIB nacional y el 10 por ciento de todas las importaciones.
Antenor Durán Carrillo, miembro del Congreso por el departamento de La Guajira, una región conocida por su significativo comercio de contrabando con Venezuela, fue uno de los congresistas que votó en contra de la ley. Durán señaló que ésta podría dar lugar a la persecución injusta de empresas pequeñas y familias que dependen de la compra y venta de bienes. Adicionalmente, la Federación de Sanandresitos de Colombia (Fesacol), la cual representa al sector informal, estimó que más de cuatro millones de trabajadores informales se verán afectados por la nueva ley.
Santiago Rojas, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN), dijo que “la ley no va en contra de los comerciantes, sino de los grandes cabecillas del contrabando”, que, según él estima, son unos 20 en el país.
Análisis de InSight Crime
El contrabando de bienes es una actividad muy extendida en Colombia, y algunas autoridades incluso se han referido a ésta como una amenaza a la seguridad nacional, ya que proporciona a los criminales y grupos guerrilleros un medio para el lavado de dinero de la droga.
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Textiles, cigarrillos, alcohol y gasolina son algunos de los artículos más comúnmente ingresados de contrabando al país. Este comercio ilícito se concentra especialmente a lo largo de la porosa frontera entre Colombia y Venezuela (particularmente en La Guajira), donde algunos grupos consiguen altas ganancias a partir del contrabando de combustible subsidiado y de otro tipo de mercancías de Venezuela hacia Colombia, donde los bienes alcanzan un precio mucho más alto. Las autoridades colombianas incluso comenzaron a utilizar helicópteros armados para patrullar la frontera con Venezuela, en un esfuerzo por combatir el contrabando de combustible.
Sin embargo, muchos funcionarios protegen el masivo flujo de mercancías ilícitas en el país, del cual también se benefician. Recientemente, el exdirector de impuestos y aduanas de los puertos de Cartagena y Buenaventura (dos de los más importantes de Colombia) fue capturado por colaborar con contrabandistas.
Lo anterior plantea preocupaciones en cuanto a si la nueva ley realmente permitirá desmantelar las grandes redes de contrabando, o si simplemente hará que los funcionarios fijen su mirada en un blanco mucho más fácil: los traficantes de poca monta y los negocios locales que dependen del comercio de contrabando para sobrevivir.
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