Las autoridades colombianas han incautado casi US$100 millones en activos presuntamente pertenecientes a disidentes de las FARC, un indicio de la monumental tarea del Estado de identificar y desarticular los grandes intereses ilícitos de los que están tomando posesión grupos disidentes de la guerrilla que han optado por la delincuencia común.
El ejército y la fiscalía colombiana ejecutaron allanamientos en cuatro departamentos de toda Colombia, y ocuparon 277.000 hectáreas de tierras que se cree son de propiedad de facciones separatistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó El Tiempo. Además, los fiscales identificaron varias empresas que presuntamente usaban a las FARC como frentes para el lavado de dinero, entre ellas empresas mineras que ocultaban el origen de coltán y tungsteno explotado ilegalmente.
La mayoría de las propiedades se relacionaron con facciones de los Frentes primero, séptimo y cuadragésimo de las FARC al oriente del país, que se separaron del actual proceso de desmovilización de la guerrilla. Las autoridades colombianas afirman que hasta el momento han identificado grupos disidentes de cinco frentes de las FARC, equivalentes a unos 500 combatientes de la guerrilla que abandonaron el proceso de paz, según El Tiempo.
Los miembros de las FARC que siguen comprometidos con el proceso, entre tanto, han comenzado a entregar sus propiedades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que informa que la guerrilla ha entregado más de 293.000 hectáreas para el Fondo de Tierras que se creó como parte del proceso de paz.
Análisis de InSight Crime
Es esperanzador que las autoridades colombianas ya estén actuando sobre los bienes en poder de los grupos disidentes de las FARC. Sin embargo, el valor de los decomisos tiene relación con el monto de la riqueza que quedará disponible con la salida de las FARC del hampa como fuerza nacional, y lo tentadoras que serán esas riquezas para los guerrilleros escépticos frente a los méritos de participar en el proceso de paz.
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Los estimativos más recientes de las autoridades de que 500 combatientes de las FARC, que representan casi el 7 porciento de la fuerza combatiente de la guerrilla identificada por el gobierno, se han apartado del proceso de paz y siguen alzados en armas minimizan el grado de riesgo de la disidencia y la criminalización de las FARC.
Aunque el grueso de combatientes de la guerrilla de las FARC están ahora concentrados en las zonas de desmovilización, se estima que 10.000 o más miembros de las milicias siguen por fuera del proceso. El caos en la implementación de los acuerdos hasta el momento aumenta sustancialmente el riesgo de que más combatientes deserten del proceso y regresen a la ilegalidad en un futuro.
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