Colombia está evaluando dos propuestas polémicas para combatir y enjuiciar a la más reciente generación de grupos criminales, lo que podría tener consecuencias de gran alcance para el conflicto armado del país y para cualquier situación de posconflicto, si se firma un acuerdo de paz.
El 16 de abril, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de Colombia propusieron reformas al código penal que facilitarían la rendición de los grupos criminales conocidos como Bacrim (acrónimo de bandas criminales), las cuales surgieron de la desmovilización de los grupos paramilitares en el país. Estos grupos son ahora los principales actores en el comercio de drogas.
En una entrevista con El Espectador, el fiscal general Eduardo Montealegre declaró que la propuesta les permitiría a las Bacrim recibir los beneficios judiciales que se ofrecen actualmente a los individuos, como la reducción de sentencias, pero sólo si los grupos entregan sus armas, cooperan con las autoridades judiciales y proporcionan información de sus actividades criminales y económicas. Montealegre agregó que las reformas buscan hacer más eficiente el proceso para enjuiciar a los grupos criminales y pretenden alentar a las Bacrim para que negocien con las autoridades colombianas en lugar de hacerlo con las de Estados Unidos, país en el que, gracias al generoso acuerdo de declaración de culpabilidad, los delincuentes colombianos han obtenido sentencias leves por cooperar, lo cual ha generado frustración en Colombia. El fiscal general le dijo a El Espectador que desde enero se había tenido comunicación con emisarios de Los Urabeños y Los Rastrojos, dos de los principales grupos criminales del país.
Por su parte, la policía nacional de Colombia envió un informe al Congreso en el que presentaba argumentos en contra de una propuesta que autorizaría al ejército a combatir a las Bacrim, informó El Tiempo. Según la policía, esta ley podría convertir efectivamente a las Bacrim en actores políticos y prolongar el conflicto armado en el país.
En el informe, la policía argumentó que sus esfuerzos en la lucha contra estos grupos han sido exitosos, dado que han reducido el número de Bacrim de treinta a sólo cuatro: Los Urabeños, con unos 2.970 miembros, Los Rastrojos y los disidentes del Ejército Popular Revolucionario Antiterrorista de Colombia (ERPAC), con alrededor de 310 miembros cada uno, y Libertadores del Vichada, con 160 miembros.
Análisis de InSight Crime
Ambas propuestas destacan el hecho de que, en caso de una resolución exitosa de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano, las Bacrim se convertirán en la principal amenaza de seguridad para el país. Por lo tanto, la cuestión de cómo combatir y enjuiciar a estos grupos se ha vuelto prioritaria.
Sin embargo, mientras que la propuesta de Montealegre sólo busca un nuevo conjunto de herramientas judiciales para las Bacrim —en lugar de un nuevo estatus para éstas—, la propuesta del Congreso de permitir que las fuerzas armadas se unan a la lucha contra las Bacrim podría tener graves consecuencias para el conflicto armado en el país. Si las Bacrim se convierten en un objetivo militar, esto les podría dar a los grupos criminales un estatus de actores armados ilegales y afectar la forma en que son procesados. Los críticos de esta propuesta de ley temen que esto podría conducir a un proceso de justicia transicional como la empleada durante la desmovilización de la principal red paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se tradujo en sentencias de sólo ocho años para los líderes paramilitares.
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De hecho, quizá como reconocimiento de estos beneficios judiciales, Los Urabeños siempre han tratado de presentarse como actores políticos, haciéndose llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia y presentándose como los sucesores de las desmovilizadas AUC, e incluso pidiendo ser incluidas en las conversaciones de paz con el gobierno. Sin embargo, dada la historia de procesos de desmovilización incompletos en el país, de los cuales han surgido nuevos grupos criminales, es probable que muchos colombianos duden de que cualquier reforma legal pueda propiciar el tratamiento de las Bacrim como actores políticos.
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