Un tribunal colombiano pretende reanudar las investigaciones sobre las denuncias de que Postobón, la emblemática compañía de bebidas gaseosas del país, colaboró con escuadrones paramilitares de la muerte, lo que vuelve a llamar la atención sobre un capítulo oscuro de la historia reciente de Colombia que sigue estando bastante inexplorado: la “paraeconomía”.
El 11 de julio, el Tribunal de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que ofreciera detalles sobre el estado de las investigaciones sobre la supuesta financiación de los paramilitares por parte de Postobón en la década de los noventa, informó El Espectador.
La solicitud del tribunal se deriva de una sentencia de 434 páginas en la que se condena a Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica Pica”, a ocho años de prisión, por crímenes cometidos durante su militancia en el bloque paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB). Dicho bloque hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo contrainsurgente fuertemente involucrado en el crimen organizado, que aterrorizó a Colombia durante la última década del siglo XX y la primera década del nuevo siglo.
La sentencia incluye el testimonio dado en octubre de 2008 por Armando Madriaga Picón —un exdirector local de las finanzas del HJPB— que, según Semana, menciona pagos efectuados por Postobón para distribuir bebidas.
“El distribuidor de la empresa le daba mensualmente 15 cajas de bebidas para luego él negociarlas en un depósito”, dijo Madariaga. “Le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150.000 pesos mensuales [unos US$80 en esa época] por esa gaseosa”.
“Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias”.
En parte con base en el testimonio de Madariaga, el Tribunal Superior le pidió a la Fiscalía que emitiera un informe sobre el estado de sus investigaciones y si ha logrado determinar si los pagos de Postobón a las AUC se hicieron de manera voluntaria.
Madariaga no es el primero que involucra a Postobón en la financiación ilícita de los grupos paramilitares colombianos, que localmente se conoce como el escándalo de la “paraeconomía”.
Según La Silla Vacía, otros exparamilitares también acusan a Postobón de hacer pagos a varios bloques de las AUC, incluyendo pagos anuales de 10 millones de pesos (unos US$4.000 en ese momento) entre 2001 y 2004 por cada departamento de la costa Caribe. Entre quienes hacen tales afirmaciones se encuentra el comandante superior de las AUC, Salvatore Mancuso.
Postobón ha rechazado las afirmaciones que acusan a la compañía de vínculos con las organizaciones paramilitares, señalando que sus negocios siempre han sido legales y que ha mantenido un estricto código de conducta basado en férreos principios y valores.
Análisis de InSight Crime
Desde que las AUC se desmovilizaron en 2006, han surgido una serie de escándalos con respecto a la colusión entre el mundo judicial y los paramilitares. El más sobresaliente es el escándalo de la “parapolítica”, que puso al descubierto evidencias de vínculos y cooperación de los paramilitares con cientos de altos funcionarios políticos y militares de Colombia.
Sin embargo, ha habido pocas investigaciones sobre la “paraeconomía”, a pesar de la gran cantidad de testimonios sobre los vínculos entre las AUC y el sector industrial, incluyendo afirmaciones de que las empresas les pagaban a los paramilitares para amenazar y asesinar a trabajadores y sindicalistas que les resultaban incómodos. Con lo que las investigaciones han tropezado a menudo es con el oscuro tema de si los pagos fueron voluntarios u obligatorios, y si las empresas recibieron algo cambio.
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Aparte de reabrir el tema, sin embargo, lo que llama la atención acerca de las últimas noticias sobre estas investigaciones es la empresa blanco de las acusaciones. Fundada en 1904, Postobón tiene presencia en toda Colombia y es la mayor compañía de bebidas gaseosas del país y una de las más grandes de Suramérica. La empresa se suma a la lista de destacadas marcas, como Chiquita, Nestlé y Coca Cola, que son sospechosas de complicidad con las AUC.
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