El gobierno de Colombia ha dado inicio al proceso que permitirá el ingreso de los guerrilleros desmovilizados de las FARC al sistema bancario del país, pero las sanciones internacionales vigentes contra su liderazgo podrían complicar este importante paso en la reintegración de los exguerrilleros a la sociedad.
El alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo anunció que el 21 de julio comenzó el proceso que permitirá la transferencia de dinero por parte del gobierno colombiano a los miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó Caracol.
El anuncio se realiza en el marco del acuerdo de paz firmado el año pasado entre el gobierno y las FARC. Los exguerrilleros que sean bancarizados recibiran lo correspondiente al 90 por ciento del salario mínimo legal en Colombia (actualmente de unos US$215) y podrán acceder a otros servicios financieros, como créditos o abrir cuentas de ahorros.
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Aunque se estima que casi 7.400 exguerrilleros podrían ser bancarizados, la Superintendencia Financiera del país ha descartado establecer una regulación especial para que entre 90 y 150 de los desmovilizados que actualmente están incluidos en la lista de capos (Kingpin List) de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés), puedan tener acceso al sistema financiero colombiano.
La lista, que busca criminalizar las actividades comerciales con personas involucradas con el tráfico de drogas, incluye a Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez"; Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias "Pastor Alape", y Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", así como otros miembros del Secretariado y antiguos comandantes.
Análisis de InSight Crime
Uno de los puntos clave para Colombia en la implementación de los acuerdos de paz consistirá en blindar su sistema financiero de capitales de procedencia ilícita. De no hacerlo, el país podría estar incumpliendo con los acuerdos de Basilea, una serie de regulaciones de sostenibilidad financiera internacional, lo cual podría afectar la reputación de sus bancos e incluso poner en riesgo la calificación de inversión del país.
El país ha venido implementando una serie de herramientas normativas para inventariar los bienes de las FARC y aumentar el impacto de su ley de extinción de dominio, con el fin de poder ofrecer a los bancos información detallada sobre la situación económica y jurídica de los excombatientes y la fuente de sus recursos. Según la Fiscalía General, sus más de 300 investigadores han venido estudiado cuidadosamente más de cinco millones y medio de archivos de inteligencia e identificado cerca de 3.389 bienes que son propiedad del grupo, con un valor aproximado de US$365 millones.
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John Smith, el director de la OFAC, ha señalado que "el propósito de la sanción [de la lista] es que la gente cambie su conducta y, si pasa, si dejan el narcotráfico, blanqueo de dinero y el terrorismo, no estamos en contra de removerlos. Cientos de personas que han sido excluidas, y queremos seguir haciéndolo si hay cambio de conducta”.
Mientras tanto, y frente a la negativa de la Superintendencia Financiera para agilizar el proceso, es probable que el sistema bancario del país prefiera ceñirse a la normativa internacional para evitar sanciones, y que los excombatientes de las FARC sigan encontrando nuevos obstáculos legales y sociales en su reintegración a la vida civil.
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