Varios ciudadanos de Colombia han sido condenados por crímenes cometidos actuando para los grupos paramilitares actualmente desmovilizados, los que demuestra que los acuerdos de paz con los actores armados pueden hacer efectiva la justicia, así sea después de largos y complicados procesos.
Un tribunal colombiano condenó a 32 exlíderes paramilitares por crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actualmente desmovilizadas, anunciaron autoridades judiciales colombianas el 16 de septiembre.
En uno de sus tuits, la Fiscalía General de la Nación describió el fallo como "histórico", y agregó que el organismo había "ordenado la extinción de dominio de los sentenciados para indemnizar 4.260 víctimas."
La Nación informó que en los procesos se analizaron más de 250 homicidios, más de 320 desapariciones forzadas, 213 casos de desplazamiento forzado, así como casos de reclutamiento ilegal y violencia de género, informó La Nación. Según Semana, estos crímenes fueron cometidos en Colombia entre 1999 y 2006.
Entre las personas condenadas se encuentran Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez"; Guillermo Pérez Alzate, alias "Pablo Sevillano", y Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar". Se considera que los tres se encontraban entre los líderes paramilitares de más alto rango en su momento. Julián Bolívar, por ejemplo, ya ha cumplido una condena de ocho años en el marco de la justicia especial, y también es requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La sentencia se dictó al amparo de la Ley de Justicia y Paz de 2005, incluida como parte del acuerdo de desmovilización entre el gobierno de Colombia y los grupos paramilitares. A pesar de la gravedad de los crímenes, según los términos del acuerdo los condenados pagarán penas máximas de ocho años de prisión.
Análisis de InSight Crime
La magnitud de la sentencia llama la atención no sólo por el número de personas condenadas y por el hecho de que entre ellas se encuentran líderes de alto rango, sino también porque demuestra que se puede impartir justicia en el contexto de marcos especiales creados por los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados, incluso si ello implica procesos judiciales largos y complicados.
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También es de resaltar la decisión de congelar los activos hasta que se puedan confiscar, pues el tema de los bienes ilícitos ha sido un asunto importante en el actual proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con esta medida se busca evitar que los bienes sean lavados o vendidos por los criminales. Además, la confiscación de activos ilícitos ha sido fundamental para el complejo proceso de reparación a las víctimas.
Todavía falta mucho para que en efecto se les entregue dinero a las víctimas, pero esta sentencia muestra la fuerte intención que tienen las autoridades de hacerlo. Es además un signo positivo para el actual proceso de paz con las FARC, que ha sido criticado por detractores que dicen que les facilitará la impunidad a los guerrilleros desmovilizados.
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