Las fuerzas de seguridad de Colombia combatirán a elementos disidentes de las FARC y ocuparán territorios abandonados por las guerrillas desmovilizadas, pero persisten las dudas sobre su capacidad para acometer la monumental tarea.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Juan Pablo Rodríguez anunció que próximamente el ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía comenzarán a ocupar las zonas que históricamente han estado bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras estas se trasladan a las zonas de concentración donde entregarán las armas y se prepararán para integrarse a la sociedad civil (vea la línea cronológica abajo).
El llamado "Plan Victoria" se iniciará el 1 de enero de 2017, y "buscará el control institucional del territorio no solamente con presencia de las fuerzas militares y policía, sino todos los organismos del estado", afirmó el general Rodríguez. "Así evitaremos que otros agentes generadores de violencia ocupen las mismas".
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Se dice que se desplegarán alrededor de 15.000 efectivos de las fuerzas armadas a las comunidades asentadas alrededor de las zonas de concentración de las FARC.
El general colombiano también declaró que las autoridades combatirán a los guerrilleros de las FARC que no se adhieran al proceso de paz, según una nota de El Colombiano.
"Las FARC recibirán todo el peso de las operaciones militares y policiales", aseguró el general Rodríguez, y especificó que se ha identificado a unos 190 disidentes de la guerrilla.
La semana pasada, el ministro de defensa Luis Carlos Villegas ordenó una ofensiva militar contra los disidentes de las FARC luego de que la organización guerrillera expulsara a cinco comandantes de sus filas, al parecer por vínculos con actividades al margen de la ley.
La información a la que tuvo acceso El Colombiano afirma que han desertado o abandonado el proceso de paz unidades en los departamentos de Nariño (la columna móvil Daniel Aldana), la Guajira (el frente 19) y Vaupés (el frente primero). Además, los cinco comandantes expulsados la semana pasada eran cabecillas de los frentes 7o, 16, 40, 43, y 62 de las FARC en la región oriental de Colombia. En ese momento, algunos informes indicaron que hasta 300 miembros de las FARC habían desertado del proceso de desmovilización.
Otras unidades en riesgo inminente de deserción incluyen el frente 57 en Chocó y el 32 de Putumayo, según el medio informativo.
Análisis de InSight Crime
Dos problemas principales enfrentarán las fuerzas armadas en su movilización a los territorios dejados por las FARC con el fin de evitar se abra un vacío que puedan llegar otros actores criminales.
En primer lugar, el frágil cese al fuego entre las fuerzas del gobierno y las FARC se verá sometido a mayor presión. Aun cuando las autoridades solo tengan como blanco a los insurgentes desertores, puede ser difícil hacer esta diferencia. De hecho, un caso de confusión de identidad terminó en el homicidio de dos integrantes de las FARC en el departamento de Bolívar en noviembre, un caso en el que los agentes de seguridad afirman haber creído que se trataba de insurgentes del ELN.
Más aún, los miembros de las FARC que siguen moviéndose hacia las zonas de concentración o que no permanecen en esas áreas pueden estar en riesgo. Este peligro debe mitigarse si las FARC obedecen el cronograma establecido para la desmovilización. Tanto las FARC como el gobierno anunciaron que el "Día D" —que marca el inicio del proceso de desmovilización guerrillera— comenzó el 1 de diciembre, lo que significa que para el 31 de diciembre todos los insurgentes deben estar concentrados. El secretariado de las FARC ha confirmado que sus tropas se están trasladando a las zonas designadas.
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Pese a ello, hasta 600 integrantes de las FARC en el departamento de Putumayo se han estado negando a moverse a las zonas de concentración debido a la amenaza que suponen los grupos "paramilitares" locales, lo que indica que muchos podrían quedar expuestos una vez pase la fecha fijada.
Más aún, el estado estará esforzándose por obtener los recursos necesarios para ocupar los antiguos territorios de las FARC. De hecho, el presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementará en un 2 por ciento en 2017, y Colombia espera cientos de millones de dólares destinados a asistencia internacional para el "postconflicto". Aun así, recientes intentos del gobierno por establecer el control en zonas que llevan mucho tiempo abandonadas por el gobierno se han quedado cortos, y existe la preocupación de un déficit del financiamiento internacional.
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