Colombia destruyó más de cien laboratorios de cocaína de una facción de las FARC, con lo cual la despoja de un potencial de ingresos de US$10 millones y deja al descubierto las enormes ganancias criminales que podrían llevar a que muchos guerrilleros permanezcan en el campo de batalla incluso si se llega a un acuerdo de paz en un futuro cercano.
La policía colombiana destruyó 104 laboratorios clandestinos, con capacidad para producir más de 75 toneladas métricas de cocaína al año, en la remota región del departamento de Guaviare, al oriente del país.
Estas instalaciones eran operadas por el Primer Frente (también conocido como Frente “Armando Ríos”) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó Caracol Radio después de visitar la selvática región. Según los informes, estos laboratorios le generaban ganancias anuales por US$10 millones a dicha facción de las FARC.
Durante la operación, que se extendió por cinco días, 120 miembros de la policía antinarcóticos y la fuerza aérea incautaron 1,7 toneladas métricas de base de coca, 38 toneladas métricas de hoja de coca, 5,5 toneladas métricas de productos químicos y 16.000 galones de gasolina, ingredientes esenciales para la fabricación de cocaína.
Caracol Radio informó que los cultivadores de coca de la región se veían obligados a venderle su producto a la guerrilla. Por cada kilo de cocaína vendido, los dirigentes del frente recibían el valor de 150 gramos. Según la policía, la cocaína era llevada de Guaviare a Venezuela y Brasil, para luego ser traficada por todo el mundo.
En el norte de Guaviare, el Primer Frente tiene negocios con grupos de narcotraficantes brasileños, peruanos y venezolanos, así como como con organizaciones colombianas, conocidas como Los Urabeños y Los Puntilleros —estos últimos son exparamilitares que operan en la región de los Llanos Orientales—.
Caracol Radio agregó que el costo de la base de coca en Guaviare aumentó de US$161 por kilo a US$805 después de la operación policial, y que seguirá subiendo.
Esta operación hace parte de la nueva estrategia del gobierno, que pretende debilitar las primeras etapas de producción de la cadena de suministro de la droga, informó Reuters.
Análisis de InSight Crime
El Primer Frente ha sido representativo de los problemas que el imperio criminal establecido por las FARC ha significado para el acuerdo final de paz de la guerrilla con el gobierno colombiano. En julio de 2016, el frente declaró que ignoraría las eventuales órdenes de desmovilización, alegando que sus hombres continuarían “luchando para obtener el poder para el pueblo”.
Pero esta gran incautación es una fuerte demostración de que —como se ha sugerido ampliamente— la resistencia del Primer Frente al proceso de paz tiene que ver más con las ganancias que perderían como fruto de sus actividades criminales que con una lucha ideológica.
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Tras el anuncio del Primer Frente, algunos especialistas indicaron que el grupo obtiene una cantidad importante de dinero procedente del cultivo de drogas, los laboratorios y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela, así como de la minería ilegal. Los dirigentes de las FARC se distanciaron prontamente de la facción disidente, diciendo que esta estaba utilizando “argumentos políticos con el fin de disfrazar la clara influencia de los intereses financieros que son reacios al final del conflicto”.
La reciente operación antidrogas en Guaviare parece ser parte de un reciente cambio en la política antidrogas colombiana, que al parecer se está enfocando cada vez más en los laboratorios de cocaína que en los cultivos de coca.
Esta operación también puede servir como una demostración de la fuerza del Estado contra otras facciones disidentes del grupo guerrillero. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho repetidamente que las únicas opciones para los combatientes que se nieguen a desmovilizarse serán la prisión o la tumba.