El gobierno de Colombia ha desplegado miles de soldados a una de las ciudades con mayor conflicto con el fin de combatir el crimen organizado, justo cuando termina un cese al fuego de tres meses con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero surge la pregunta de por qué ese despliegue en este momento.
El 8 de enero, la Fuerza Aérea colombiana movilizó 2.000 soldados armados a la ciudad de Tumaco, importante puerto sobre el Pacífico en el departamento de Nariño, al suroeste del país, como parte de una operación denominada “Exodus 2018” cuyo objetivo es la lucha contra el narcotráfico y los grupos del crimen organizado que allí operan, según un boletín de prensa del ejército.
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El despliegue militar coincide con la terminación de un cese al fuego temporal de tres meses, con el ELN. El cese al fuego interrumpió los enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas de seguridad del gobierno, pero como lo reveló la investigación en campo de InSight Crime, el ELN siguió combatiendo a los grupos criminales para hacerse al control de las rutas de narcotráfico en Nariño durante el cese de las hostilidades.
Como lo señalaba InSight Crime el año pasado, Nariño es el punto cero del negocio de la cocaína en Colombia. Muchos grupos criminales, incluido el ELN, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las “bandas criminales” (Bacrim), entre otros, operan allí. El departamento también padece extrema pobreza y una grave falta de presencia estatal.
Análisis de InSight Crime
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha desplegado a los efectivos en un esfuerzo por reducir los elevados índices de violencia en Tumaco derivados de conflictos por el tráfico de estupefacientes. Es posible que se desplegaran las fuerzas castrenses como medida preventiva contra un posible recrudecimiento de la violencia tras el fin del armisticio.
Sin embargo, con la mirada puesta en fracasos anteriores con operativos similares, es improbable que el despliegue de tropas ayude a alcanzar ganancias de seguridad duraderas en este eje del narcotráfico. Lo cierto es que durante años se ha desplegado miles de efectivos a Tumaco, pero las tasas de homicidio no han dejado de subir, con la pugna de los grupos criminales por el control de rutas de tráfico de estupefacientes tras la partida de las FARC y en medio de un incremento notorio en la producción de coca.
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En octubre de 2017, el presidente Santos desplegó 9.000 policías y soldados a Tumaco, pero esta decisión aún no produce ganancias de seguridad importantes. De hecho, el envío de más tropas puede caldear aún más las hostilidades al introducir otro actor armado a un entorno ya volátil.
Como ya lo ha señalado InSight Crime, el gobierno colombiano puede beneficiarse con la inversión de recursos en medidas menos hostiles, como la reinserción de combatientes desmovilizados de las FARC a la sociedad y el mejoramiento de un programa de sustitución de cultivos que sigue enfrentando obstáculos importantes.
*Esta nota se escribió con información aportada por Javier Villalba
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