Mientras Colombia se prepara para liberar a 160 paramilitares que han cumplido condenas de tan sólo ocho años, bajo un acuerdo de desmovilización con el gobierno, se está generando controversia sobre las liberaciones aún más prontas de paramilitares y traficantes de drogas que han cooperado con el gobierno de Estados Unidos.
En meses recientes, la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha recortado una lista de 400 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que estaban programados para salir de prisión, a 160 integrantes, tras retirar a aquellos sospechosos de crímenes que no están cubiertos por el acuerdo de desmovilización, informó RCN Radio.
Las AUC fueron una organización paraguas para varios grupos paramilitares, que lucharon y asesinaron durante una década a guerrilleros y simpatizantes sospechosos, mientras construían una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo.
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Entre los que pasaron el filtro se encuentran algunas de las figuras más notorias de las AUC, incluyendo a uno de los fundadores del moderno movimiento paramilitar, Ramón Isaza, alias “El Viejo”, y el antiguo comandante del bloque Elmer Cárdenas, Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
Sin embargo, el Tribunal Superior ha comenzado a imputar las llamadas “macrocondenas”, que están diseñadas para castigar a los líderes de los grupos ilegales por crímenes de lesa humanidad, cometidos por individuos bajo sus órdenes. Isaza fue uno de los primeros en enfrentar tales cargos, y pueden seguir otros candidatos para ser liberados.
Mientras tanto, en Estados Unidos, otros ex comandantes de las AUC y algunos de sus aliados narcotraficantes convictos también están obteniendo liberaciones tempranas.
Un reporte de El Colombiano destaca cómo las autoridades de Estados Unidos han liberado a una serie de paramilitares y traficantes de drogas extraditados. Luego de convertirse en informantes de las autoridades de Estados Unidos, algunos de los capos capturados cumplieron cortas condenas de apenas cinco años y se les ha permitido quedarse con parte de su fortuna ilegal y evitar la deportación a Colombia para enfrentar más cargos.
Análisis de InSight Crime
El polémico asunto de la justicia transicional ha sido una bomba de tiempo desde que el muy criticado proceso de Justicia y Paz estableció lo que puede considerarse como sentencias extremadamente poco severas para miembros desmovilizados de las AUC.
Ha habido claros intentos para limitar los efectos secundarios de la liberación masiva de algunos de los peores abusadores de derechos humanos de Colombia, retirando a quienes han incumplido los términos del acuerdo o han utilizado a las AUC como fachada para sus operaciones criminales. Sin embargo, el proceso ha tenido fallas desde el principio y esa medida no será suficiente para evitar la controversia y las acusaciones de impunidad para una organización que colaboró con el Estado colombiano en los niveles más altos.
Si bien en el caso de las AUC el gobierno colombiano puede argumentar que la escasa severidad fue el beneficio que recibieron los paramilitares tras la desmovilización, Estados Unidos no tiene tal excusa.
El viejo refrán de Pablo Escobar de “mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, ya no tiene influencia en los criminales modernos, y negociar un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos cada vez es más visto como el modo más expedito para evitar condenas fuertes y retener su fortuna criminal.
Mientras esto genera frustración en Colombia, es poco probable que afecte los procesos de extradición por ahora, pues esto causaría considerables tensiones con los aliados cercanos de Colombia y los patrocinadores del Norte.
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