Las autoridades de Colombia están investigando a las FARC, el grupo guerrillero más grande del país, con miras a evitar que las empresas guerrilleras caigan en manos criminales, pero las condiciones sobre el terreno pueden estropear este plan.
El fiscal general Eduardo Montealegre ha ordenado el inicio de una serie de investigaciones especiales destinadas a identificar las finanzas y los ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó El Espectador.
Durante los próximos seis meses, los investigadores se dedicarán a identificar a los colaboradores civiles de las FARC y analizarán los bloques y frentes del grupo guerrillero, con el fin de determinar las finanzas y fuentes de ingresos de cada unidad. El objetivo final es crear un mapa global de la estructura financiera de las FARC con antelación a un posible acuerdo de paz y a la desmovilización del grupo guerrillero.
Montealegre dijo que esta investigación significará un “obstáculo para la reorganización de los reductos que no se acojan a procesos de desmovilización o que quieran apropiarse de los mercados ilegales existentes”.
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El gobierno colombiano se encuentra negociando con las FARC desde 2012 en La Habana, Cuba, y el pasado mes de septiembre las dos partes acordaron firmar un acuerdo final en marzo de 2016.
Análisis de InSight Crime
La Fiscalía General está demostrando ser proactiva al tratar de identificar y desmantelar las empresas ilegales de las FARC antes de que éstas puedan reorganizarse, bien sea mediante miembros disidentes de la guerrilla o en grupos criminales externos. Sin embargo, sigue siendo dudoso que esto se pueda lograr.
Por un lado, las posibilidades de que se firme un acuerdo de paz son ahora mayores que nunca. Si bien es poco probable que ambas partes cumplan con la fecha límite acordada para marzo, se espera que se llegue a un acuerdo en 2016. Como muestra de buena fe, el gobierno liberó recientemente a 17 guerrilleros de las FARC que se encontraban en la cárcel y planea liberar otros 13 a finales de enero. Son incluso más prometedoras las reiteradas negativas del gobierno colombiano de extraditar a los líderes de las FARC a Estados Unidos, donde muchos son requeridos por delitos de drogas.
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Por otro lado, con una desmovilización de las FARC, en el territorio colombiano abundarían los combatientes insurgentes, algunos de los cuales tienen décadas de experiencia en actividades criminales como el narcotráfico y la extorsión. Esto, junto con la fallida desmovilización de grupos paramilitares que se presentó en Colombia, indica que algunas facciones guerrilleras continuarán inevitablemente dedicándose a actividades criminales incluso después de que se firme un acuerdo de paz.
Además, los grupos narco-paramilitares conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”) no dudarán en sacar provecho de la ausencia de las FARC, y de hecho algunos de estos grupos ya han comenzado a invadir territorios guerrilleros.
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