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Colombia implementa prohibición de porte de armas para 2016

COLOMBIA / 4 FEB 2016 POR MICHAEL LOHMULLER ES

Colombia ha extendido una prohibición nacional de porte de armas hasta finales de 2016, en un intento de reducir las muertes violentas cuando el país intenta consolidar la paz.

El 19 de enero, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que el decreto ejecutivo que prohibía el porte de armas de fuego en público se mantendrá en vigor hasta finales del presente año. La prohibición fue dictada desde el 23 de diciembre de 2015, hasta el 31 de enero.

Según BBC Mundo, es la primera vez que Colombia implementa una prohibición nacional contra el porte de armas. Las anteriores prohibiciones se limitaron a regiones geográficas específicas, como ciertos distritos de Bogotá, y tuvieron menor duración.

Santos señaló que la restricción inicial de diciembre a enero produjo resultados positivos en la reducción de homicidios, lo que salvó muchas vidas. Durante ese periodo, el ministro colombiano de defensa Luis Carlos Villegas anunció que los homicidios bajaron en 13 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2015.

Esperando marcar el inicio de una época de resolución pacífica de los conflictos, Villegas comentó que la restricción al porte legal de armas en 2016 busca dar solución a dos problemas.

El primero son los homicidios que se producen a raíz de riñas e involucran un arma de fuego. Colombia ha expedido 500.000 licencias de porte de armas de fuego y otras 400.000 licencias de posesión; lo que significa que uno de cada 53 civiles tiene una licencia para tener armas. El decreto de Santos devuelve todas las licencias de porte a la autorización de tenencia, lo que significa que ya no puede portarse armas de fuego en público, salvo en algunas excepciones.

Según el gobierno, la restricción sobre las armas también busca controlar las armas de fuego ilegales y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad. Se estima que hay 2,5 millones de armas de fuego ilegales en circulación en Colombia, lo que incluye las usadas por grupos guerrilleros, bandas criminales y otras organizaciones delictivas.

Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos en Colombia (CERAC), espera que el decreto ayude a reducir en un 20 por ciento el uso de armas de fuego en homicidios durante 2016.

Según el ministerio de defensa, citado por BBC Mundo, en el 82 por ciento de las muertes violentas en Colombia hay un arma de fuego implicada.

Análisis de InSight Crime

Parece significativo el momento de este decreto del presidente Santos para la restricción al porte de armas en público.

Por un lado, en muchos aspectos, Colombia está en una situación de mayor seguridad y menor violencia que en cualquier momento de la última década; la tasa de homicidios en el país ha ido disminuyendo desde que alcanzó los 69 por 100.000 habitantes en 2002, y cayó a 25 por 100.000 en 2015.

En este momento, no es claro si las fuerzas de seguridad colombianas redoblarán las medidas para impedir el porte de armas en público, o cómo lo harán. También vale preguntar si tales medidas pueden tener un impacto apreciable en la reducción de la violencia con armas, en especial por el gran número de armas no registradas en Colombia. Por ejemplo, como lo hace notar BBC Mundo, Brasil implementó una prohibición permanente al porte de armas en 2003, pero la mejoría en la tasa de homicidios ha sido irrisoria desde entonces.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia

Es preciso señalar que el gobierno colombiano se encuentra en la recta final de las negociaciones de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De firmarse un acuerdo de paz, las FARC depondrán las armas y harán la transición a la política.

Sin embargo, un intento previo de las FARC de entrar a la política tradicional, mediante la fundación del partido Unión Patriótica (UP) a mediados de la década de 1980, terminó mal, con el asesinato de numerosos líderes del partido a manos de paramilitares de derecha. Es plausible que el decreto de Santos sea un medio para garantizar la seguridad de los miembros desmovilizados de las FARC y evitar que se repita la historia, lo que nuevamente podría estropear el proceso de paz.

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