Colombia lanza nueva ofensiva contra las Bacrim

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El presidente Juan Manuel Santos anunció un nuevo plan de seguridad que busca continuar desarticulando las operaciones de las ya debilitadas organizaciones criminales de Colombia, una nueva señal de que el proceso de desmovilización de dichos grupos podría estar cada vez más cerca.

Al finalizar una reunión sobre seguridad nacional el 23 de abril, Santos dijo que las fuerzas de seguridad tendrán como prioridad desmantelar las estructuras criminales en seis departamentos, incluyendo Chocó, Antioquia, Norte de Santander y algunos de la región de los Llanos Orientales, informó El Espectador. Las fuerzas de seguridad incrementarán su lucha contra las actividades ilícitas en diez municipios de estas regiones que han sido identificados como ejes de crimen, y, de forma simultánea, más jueces, fiscales y defensores del pueblo serán entrenados para procesar casos de crimen organizado, dijo Santos.

El presidente agregó que las actividades criminales de estos grupos han disminuido en 50 por ciento en lo que va del año, debido a los constantes esfuerzos realizados por el gobierno.

Análisis de InSight Crime

Los grupos neoparamilitares de Colombia, conocidos como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”), se encuentran considerablemente debilitados, y según la policía, actualmente sólo quedan cuatro Bacrim, tres de las cuales tienen menos de 300 miembros. Esta nueva ofensiva del gobierno podría dar mayores incentivos a los grupos criminales para negociar su entrega a las autoridades, en lugar de arriesgarse a la posibilidad de ser exterminados por las fuerzas de seguridad. “Se someten a la justicia o terminarán en una cárcel o en una tumba”, dijo Santos en la reunión de seguridad.

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De hecho, según el fiscal general colombiano, emisarios de las dos Bacrim más poderosas de Colombia —Los Urabeños y Los Rastrojos— contactaron a las autoridades a inicios de enero para discutir la posibilidad de una entrega en masa, a cambio de beneficios judiciales. Los Urabeños habían pedido anteriormente ser incluidos en los diálogos de paz con el gobierno y se consideran a sí mismos actores políticos del conflicto armado colombiano.

Por su parte, las autoridades colombianas se encuentran estudiando actualmente dos propuestas legislativas diseñadas para facilitar la desmovilización masiva de los miembros de las Bacrim. Sin embargo, un proceso de este tipo con los miembros de las bandas criminales sería muy controvertido, y los deficientes resultados de las desmovilizaciones anteriores —que permitieron el surgimiento de muchos de los grupos armados ilegales actuales— son muestra de los peligros inherentes a este proceso.

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