El ministro de Justicia de Colombia ha anunciado la culminación del proceso de disolución de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), una medida destinada a combatir la corrupción relacionada con la incautación de bienes en el país, aunque todavía está por verse si este hecho será algo más que un gesto simbólico.
El ministro de Justicia Yesid Reyes dijo a El País que la DNE culminó su proceso de liquidación el 30 de septiembre, poniendo fin a un largo proceso para cerrar el organismo gubernamental anteriormente responsable del manejo de los bienes incautados a los narcotraficantes, y ha sido remplazado con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que comenzó a operar en julio.
La SAE será la entidad encargada de los bienes incautados en virtud de la Ley de Extinción de Dominio del país, mientras que el Ministerio de Justicia continuará manejando los procesos judiciales relacionados con los casos de incautación, informó El Espectador. La SAE está vinculada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del país, pero es un organismo parcialmente privado -una estructura que, según dijo a El Espectador un funcionario gubernamental no identificado, fue pensada para evitar la interferencia política en la gestión de los bienes incautados.
Según las cifras del gobierno, aproximadamente 70.000 propiedades que antes estaban en manos de la DNE han sido transferidas a la SAE, informó El Espectador.
Análisis de InSight Crime
El presidente Juan Manuel Santos inició el proceso de clausura de la DNE en 2011, después de que se descubrió que miles de millones de dólares en bienes incautados habían desaparecido desde que la agencia fue creada en 1990. Como parte del escándalo, dos funcionarios de alto nivel de la DNE y numerosos congresistas fueron investigados por canalizar fondos relacionados con drogas incautadas a cuentas personales.
La pregunta ahora es si esta medida representará una verdadera sacudida a la forma en que Colombia aborda la incautación de activos, o si simplemente será un gesto simbólico. El hecho de que no sólo se trate de un cambio de nombre -la estructura de la agencia también está siendo reformada- es una buena señal en este sentido.
Colombia también se ha movido para hacer frente a otros factores que en el pasado han limitado la eficacia de su legislación de incautación de bienes; el primero de su tipo en Latinoamérica. Se espera que las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio que fueron promulgadas en enero reduzcan a la mitad el tiempo necesario para completar los casos de incautación de activos, como señaló recientemente a InSight Crime el ex vice fiscal general de Colombia.
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Sin embargo, todavía hay algunos problemas con la aplicación de la ley. Según El País, sólo el 18 por ciento de los bienes incautados han sido reclamados por el gobierno, mientras que el resto todavía están siendo litigados. Pero los problemas no terminan con el litigio -además, una vez finalizado el proceso judicial, la corrupción no es el único problema al que se enfrenta el manejo de los bienes- pues subastar los bienes incautados sigue siendo un proceso difícil para el gobierno colombiano.
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