La Fiscalía General de Colombia ha designado a un fiscal especializado para liderar diálogos exploratorios con Los Gaitanistas con el fin de discutir la propuesta de su desmovilización; esta es la señal más clara hasta el momento de que el gobierno está considerando seriamente una salida negociada para el grupo criminal más grande del país.
El vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, anunció el nombramiento de un fiscal especializado que se reunirá con representantes de Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y discutirá las condiciones de una posible desmovilización, informó El Espectador.
Perdomo afirmó que ya se habían dado reuniones con abogados que representan a las AGC, quienes les han informado a las autoridades que están preparados para entregarse y desmovilizar a sus hombres.
Cualquier acuerdo implicaría la entrega de armas y activos de las AGC, y colaborar con información que les permita a las autoridades desmantelar sus redes criminales, políticas y económicas, añadió el funcionario. Así mismo, las AGC deben comprometerse a detener el reclutamiento de menores.
Según El Espectador, Clara López, una destacada políticas de Colombia —presidenta del partido Polo Democrático y candidata a la alcaldía de Bogotá— ha rechazado la posibilidad de actuar como mediadora entre ambas partes.
Análisis de InSight Crime
Esta designación confirma que el gobierno colombiano ve las negociaciones como una opción viable, y es una alternativa que puede ser mucho más atractiva en caso de que fracase la persecución masiva contra el líder del grupo, Darío Úsuga alias “Otoniel”.
Claramente, no hay evidencia de que las autoridades pretendan otorgarles un estatus político a las AGC. Esto es algo que los jefes del grupo han pedido, pero que de ser realizado complicaría seriamente el conflicto colombiano. En vez de eso, los acuerdos propuestos son más parecidos a las negociaciones realizadas con las autoridades de Estados Unidos, donde los criminales se entregan y brindan información a cambio de beneficios como la reducción de sus penas en prisión.
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Sin embargo, dos de las supuestas propuestas de las AGC son particularmente llamativas —y ambas recuerdan a la primera y más desastrosa negociación con un gran capo de la droga: Pablo Escobar—.
Una propuesta consiste en que los líderes de las AGC sean encarcelados en un lugar especial. Escobar construyó una prisión lujosa, hecha a su medida, desde donde continuó dirigiendo su imperio criminal, y de donde pudo escapar con facilidad cuando las autoridades lo estaban cercando. Dados estos antecedentes, una decisión similar en el caso de las AGC resultaría bastante polémica.
La segunda consiste en garantizar que los líderes de las AGC no sean extraditados a Estados Unidos. Anteriormente, la posibilidad de extradición fue suficiente para que Escobar iniciara una guerra en contra del Estado. Sin embargo, la propuesta de las AGC podría resultar menos polémica en el entorno actual de Colombia. Actualmente, la extradición es a menudo la opción preferida por los capos de la droga, quienes buscan llegar a acuerdos con las autoridades estadounidenses, lo cual hace que esta propuesta sea cada vez más polémica en Colombia. Es posible que las autoridades acojan la oportunidad de enjuiciar a los líderes de las AGC, usándola como una ocasión para mostrar que pueden resolver tales tipos de casos fuera de Estados Unidos.
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