Colombia ha incautado más de US$440 millones en los dos primeros meses de 2015, como parte de un agresivo programa para confiscar activos de origen criminal, lo que ha puesto al país en camino a lograr otro año récord en materia de incautaciones.
Entre el 1 de enero y el 23 de febrero de este año, las autoridades colombianas confiscaron 145 activos valorados en más de US$442 millones, informó El Tiempo. Si las incautaciones continúan al ritmo actual, Colombia superará el récord de US$1,4 mil millones en bienes incautados en 2014.
Ejemplos de incautaciones recientes incluyen una parcela de más de 700 hectáreas con un valor de US$4 millones en la ciudad de Cartagena, la cual fue vinculada al Cartel del Norte del Valle (CNDV), y una casa de lujo que pertenecía a Eugenio Montoya Sánchez, hermano de Diego Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, antiguo líder de una facción del CNDV.
Los narcotraficantes no son los únicos que se han visto afectados por las incautaciones. Las autoridades colombianas también han incautado activos propiedad de una pandilla de Medellín dedicada a la extorsión, de exfuncionarios del gobierno, y de un “cartel de la carne” que habría introducido de contrabando más de 4.000 cabezas de ganado por la frontera con Venezuela.
El esfuerzo por dar prioridad a las incautaciones también ha llevado a la creación de una unidad especial de inteligencia de la Fiscalía, dedicada a la localización de activos de los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Análisis de InSight Crime
El aumento en la cantidad de bienes confiscados puede ser el resultado de los cambios en la Ley de Extinción de Dominio de Colombia, que fueron aprobados en enero de 2014. En septiembre pasado, el ex vicefiscal general de la nación, Wilson Martínez, le dijo a InSight Crime que la reciente reforma podría reducir a la mitad el tiempo que toma confiscar los activos. Los cambios legales también les permiten a las autoridades expropiar con mayor facilidad los bienes de presuntos delincuentes que aún no han sido condenados.
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Aun así, los fracasos del pasado han empañado la reputación de una ley que el expresidente Álvaro Uribe pregonó como una de las herramientas de lucha contra el narcotráfico “más temidas” del país. Después de un escándalo en el que miles de millones de dólares en activos incautados desaparecieron, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) —el organismo encargado de la gestión de los bienes confiscados— se disolvió oficialmente el año pasado, y fue sustituida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Adicionalmente, a pesar del récord de incautaciones de 2014, las autoridades colombianas sólo incautan una fracción de los activos de origen delictivo del país. Estimaciones previas indican que Colombia confisca 3 por ciento o menos de las ganancias criminales anuales. El gobierno también ha dejado de percibir cerca de US$3,4 mil millones en multas pendientes de narcotraficantes, grupos guerrilleros y paramilitares.
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