Las autoridades de Colombia realizaron lo que según ellas sería el golpe más importante a la minería ilegal en la última década, el cual tiene como objetivo socavar una de las principales fuentes de ingreso de las FARC, el grupo guerrillero más grande del país.
Las fuerzas de seguridad realizaron redadas en 63 minas presuntamente manejadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más grande del país, dijo el ministro de Defensa de Colombia Juan Carlos Pinzón durante una rueda de prensa. La operación le generará al grupo pérdidas mensuales de unos US$9 millones en dinero ilícito.
Con la denominada “Operación Anostomus”, el gobierno nacional desplegó más de 600 policías y militares en cuatro departamentos al oriente de Colombia, incluyendo partes del Amazonas. Entre los 59 capturados hay 12 presuntos miembros de las FARC y cinco extranjeros.
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Muchas de las minas ilegales están ubicadas cerca de las fronteras con Brasil y Venezuela, y de éstas se extraen metales como oro, tungsteno y coltán.
Si bien se sabe que las FARC financian su insurgencia con la producción de cocaína, la industria de la minería ilegal en Colombia también es una fuente de ingresos importante para la organización, así como para otros grupos armados. Según informes, las FARC incluso han expandido sus actividades de minería ilegal a Perú.
Análisis de InSight Crime
El gobierno colombiano ha librado una larga batalla para contener la minería ilegal en el país. Además de ser una de las principales fuentes de financiación de la guerrilla y de otros grupos criminales, la minería no regulada puede ser extremadamente nociva para el medio ambiente y causar pérdidas al gobierno debido a los impuestos que deja de percibir por recursos naturales. Los intentos realizados en el pasado para formalizar la minería ilegal han tenido un éxito limitado. La minería ilegal de oro ha sido usada para lavar cientos de millones de dólares en dinero en efectivo, como fue puesto en evidencia en un reciente escándalo en el que se vio involucrada una empresa exportadora de oro.
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Esta reciente operación de las fuerzas de seguridad puede ser una señal de que las autoridades colombianas están dando nuevamente prioridad a la lucha contra la minería ilegal sobre el terreno. El gobierno tiene un interés particular en consolidar su control sobre la industria minera, dado que un posible acuerdo de paz con las FARC abriría significativamente el sector minero de Colombia a las empresas extranjeras. Pero como InSight Crime ha informado anteriormente, es posible que los miembros de las FARC que dependen de la minería ilegal para sobrevivir opongan resistencia a este tipo de esfuerzos.
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