El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció que su administración intensificará aún más la presión contra las organizaciones neoparamilitares del país, conocidas como Bacrim, una señal de la creciente importancia de estos grupos en el panorama de seguridad del país.
El 11 de abril, Santos anunció que las autoridades han duplicado la recompensa en dinero por información que lleve a la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", máximo cabecilla del grupo neoparamilitar los Urabeños y el criminal más buscado del país. La recompensa pasó de 1.500 millones de pesos (algo menos de US$500.000) a 3 mil millones de pesos (casi US$1 millón).
El anuncio hacía parte de un plan desplegado por Santos para reforzar aún más la lucha contra los grupos neoparamilitares de Colombia, conocidos como "bandas criminales" o Bacrim. Esto incluye el fortalecimiento del Bloque de Búsqueda, una unidad especial nueva contra las Bacrim, y mayor coordinación entre la policía, el ejército, los fiscales y jueces, según informes de El Colombiano.
Santos señaló también que los funcionarios enviarán un nuevo proyecto de ley al Congreso, para reducir la minería ilegal, una de las principales fuentes de ingreso de los grupos criminales en Colombia.
Análisis de InSight Crime
La noticia dada por Santos puede ser en parte respuesta al reciente paro armado impuesto por los Urabeños a comienzos de abril, que paralizó temporalmente algunas partes del noroccidente de Colombia. El paro fue una elocuente demostración de fuerza por parte de los Urabeños y una derrota simbólica para un gobierno que en el último año invirtió grandes cantidades de recursos en la persecución a "Otoniel", en un intento por debilitar el grupo criminal más poderoso de Colombia.
La declaración también refleja un giro mayor en las prioridades de seguridad en Colombia ahora que el mayor grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se acercan a un acuerdo de paz con el gobierno. A finales de marzo, altos funcionarios del gobierno anunciaron que comenzarían diálogos formales con el segundo grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al aminorar la amenaza guerrillera en Colombia, las autoridades están volcando cada vez más atención en Bacrim.
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"Una de las prioridades de este gobierno a partir de este momento va a ser centrarnos en la erradicación del crimen organizado apenas podamos firmar [un acuerdo de] la paz", señaló Santos en enero.
Algunos expertos en seguridad, sin embargo, dicen que a la administración Santos le falta una estrategia integral para enfrentar a las Bacrim. Los Urabeños, por ejemplo, continúan su expansión territorial a pesar de la intensa presión de seguridad. También hay resistencia del gobierno para incluir a los Urabeños y otras Bacrim en negociaciones de paz por su carácter criminal, ya que esto les daría un estatus de actores en el conflicto armado del país.
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