Las autoridades antidrogas de Colombia anunciaron que se centrarán más en la ubicación y destrucción de laboratorios procesadores de narcóticos y harán menos énfasis en las cifras de erradicación de cultivos de coca; la duda es si la estrategia puede generar los resultados esperados.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, respaldado por sus ministros de defensa y posconflicto, está replanteando la medición del "éxito" de las acciones antidrogas, mudando el énfasis del número de hectáreas de cultivos de coca erradicados al número de laboratorios de cocaína destruidos, informó El Tiempo.
Las autoridades estiman que en todo el país hay cerca de 700 grandes laboratorios, conocidos como "cristalizaderos", en los que se concentra la producción de cocaína. Estos se consideran puntos intermedios entre los cultivadores rurales de coca y las grandes operaciones narcotraficantes.
El cambio de estrategia se anuncia como una forma de afectar las ganancias de los narcotraficantes atacando la producción de cocaína un paso más adelante en su cadena de valor, cuando la hoja de coca se procesa en base de coca, mucho más valiosa.
Si bien el gobierno no abandonará por completo la erradicación de cultivos, las autoridades declararon a El Tiempo que este cambio se debe en parte a los problemas de la erradicación manual, entre ellos la protección de los cultivos con minas antipersonal y los bloqueos que hacen las comunidades.
"Golpear a los cultivadores le genera en términos de legitimidad mayores problemas al Estado. Los campesinos terminan viendo al Estado como un agresor y alineados con los intereses de la guerrilla o la banda que tenga los cultivos", citó El Tiempo a un experto sin identificarlo.
Análisis de InSight Crime
Según los indicadores más convencionales, el gobierno colombiano está perdiendo la batalla contra el cultivo ilícito de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia presentó un incremento de más de 40 por ciento en la producción de coca entre 2013 y 2014, una tendencia que deberá continuar, según las autoridades estadounidenses. Esto se debe en parte a la interrupción de las acciones de fumigación aérea, decretada por Colombia en mayo de 2015, como respuesta a preocupaciones de salud pública, algo que ha sido difícil de compensar con las acciones de erradicación manual, dada la dificultad de arrancar de raíz las plantas de coca y los peligros que esto acarrea para los erradicadores.
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Sin embargo, la nueva medida de atacar los laboratorios puede no resultar tan infalible para frenar las estructuras del narco como lo esperan las autoridades. Por un lado, las redes de drogas suelen tener capital financiero suficiente para absorber la pérdida de cualquier laboratorio. Incluso, es probable que cualquier reducción en la capacidad local de producción de cocaína en Colombia sea absorbida por productores de países vecinos. Esto lo comprueba el descubrimiento previo de laboratorios de cocaína en Argentina, Bolivia, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
La naturaleza móvil de los laboratorios provisionales también plantea desafíos para las autoridades. Por lo general, los laboratorios se sellan durante cualquiera de los ciclos de producción (que duran hasta dos semanas), lo que significa que nadie entra ni sale del laboratorio, después de lo cual los trabajadores se dispersan y el laboratorio se traslada, lo cual hace muy difícil su rastreo y ubicación.
La nueva estrategia centrada en los laboratorios coincide con el regreso del presidente Santos de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, realizada en la ciudad de Nueva York, donde se reunió con otros jefes de estado latinoamericanos para demandar un replanteamiento de la política de drogas por un enfoque más humano.
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