Una reciente visita de delegados de El Salvador a Colombia muestra los límites a la hora de transferir las estrategias de seguridad de Colombia a países extranjeros.
El grupo de delegados —que incluía a religiosos, líderes empresariales, políticos y representantes del Ministerio de Seguridad de El Salvador— estuvo tres días en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, informó La Página.
En una época catalogada como la ciudad más violenta del planeta, Medellín vio una caída del 93 por ciento en los homicidios entre 1991 y 2014. Algunas autoridades colombianas han atribuido esta mejoría a estrategias tipo "del palo o la zanahoria", como la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la primera década del nuevo siglo. Otros han atribuido el descenso en las tasas de homicidios al incremento del gasto público en programas sociales.
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Recapitulando sobre las lecciones de seguridad aprendidas en Colombia para aplicar en El Salvador, Rodrigo Ávila, miembro del partido conservador ARENA, fue citado diciendo: "Para minimizar a la violencia, para disminuir la delincuencia hay que aplicar un plan nacional de desmovilización de las estructuras".
La visita de la delegación a Medellín se realizó en medio de la creciente violencia registrada en el país centroamericano. La embajada de Estados Unidos en El Salvador declaró hace poco "una nueva fase en la violencia", luego de que las autoridades desmantelaran un coche bomba hecho de "explosivos industriales tipo C-4", informó La Prensa Gráfica.
Análisis de InSight Crime
Aunque Colombia vio una caída en sus cifras de homicidios luego de la desmovilización de grupos paramilitares como las AUC, muchos excombatientes de estos grupos conformaron las llamadas "bandas criminales", conocidas localmente como Bacrim. Estos grupos continuaron participando en actividades criminales, desprendiéndose de la ideología política asociada con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Dado este contexto, implementar un esquema de "desmovilización" similar en El Salvador resulta problemático en múltiples niveles. Primero, en la actual estrategia de seguridad, el gobierno salvadoreño se ha negado firmemente a negociar con los principales grupos criminales del país, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, luego del fracaso de la tregua entre pandillas entre 2012 y 2014.
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Segundo, las pandillas no operan como una organización jerárquica y estrictamente disciplinada como sí lo hicieron alguna vez las AUC; los líderes pandilleros a veces tienen problemas para hacer obedecer a los miembros de menor rango.
Finalmente, El Salvador enfrentaría el mismo problema que Colombia: asegurar que esos "desmovilizados" realmente dejen las armas. Es poco probable que El Salvador tenga los recursos necesarios para tener éxito en donde Colombia no lo tuvo.
En efecto, Medellín puede ofrecer algunas lecciones invaluables para aquellos en El Salvador que buscan enfoques alternativos para combatir la violencia. Sin embargo, también es cierto que la caída de los niveles de violencia en Medellín tiene mucho que ver con una estrategia que El Salvador no ha considerado: treguas entre pandillas. El grupo criminal Los Urabeños pudo consolidarse como la principal organización del hampa en la ciudad luego de ponerles fin a las luchas internas entre facciones criminales rivales. Es posible que este "pacto", que aún se mantiene, tuviera mayor incidencia en los índices de violencia de Medellín que las iniciativas implementadas por las autoridades locales.
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