El gobierno colombiano y la guerrilla marxista han negociado un acuerdo que asegura la participación política de los guerrilleros, un avance clave, llevando las conversaciones más cerca a la compleja cuestión del narcotráfico.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia llegaron a un acuerdo sobre la participación política, el segundo de los seis puntos de la agenda en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, informó El Tiempo.
Según el comunicado conjunto, emitido el 6 de noviembre, el gobierno colombiano y las FARC lograron un consenso sobre cuestiones como los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y el acceso a los medios de comunicación, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y la promoción efectiva de una mayor participación política.
Otro de los puntos que están listos para ser discutidos es la “solución al problema de las drogas ilícitas”, que se espera que lleve a un mayor debate sobre políticas alternativas para combatir el narcotráfico en el país.
Análisis InSight Crime
Tras más de un año de conversaciones entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el logro de un acuerdo sobre la participación política es un paso importante hacia un acuerdo de paz. Las discusiones sobre el tema se habían estancado antes, en medio de acusaciones de que el proceso estaba desmoronándose.
El asunto de la participación política es sensible para las FARC, dado el precedente de la Unión Patriótica (UP) -un movimiento político establecido como un vehículo electoral para las FARC y sus aliados durante las conversaciones de paz en los años ochenta-. Posteriormente fue diezmado por los escuadrones paramilitares de la muerte. Hasta 3.000 miembros de la UP fueron asesinados, provocando el regreso de la guerrilla a la lucha armada.
La cuestión de las drogas promete ser igual de problemática. Las FARC controlan hasta el 70 por ciento de los cultivos de coca en el país, la materia prima de la cocaína. Muchos frentes de las FARC ganan millones de dólares del narcotráfico, a menudo asociándose con los grupos sucesores de los paramilitares -conocidos como BACRIM ("bandas criminales"). Cualquier acuerdo con el gobierno sobre este tema podría tener enormes implicaciones para el narcotráfico en Colombia.
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Además, como InSight Crime ha señalado anteriormente, las facciones disidentes de las FARC bien podrían criminalizarse y continuar con sus actividades ilegales sin las mismas justificaciones ideológicas, como ocurrió con la organización paramilitar de las AUC tras su desmovilización oficial en 2006, cuando engendró a las BACRIM. Tal vez sea inevitable que una nueva generación de grupos criminales, la FARCRIM, pueda nacer si llega a firmarse un acuerdo de paz.
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