El comandante de la policía nacional de Paraguay ha sido acusado en relación con un escándalo de corrupción que involucra dineros desviados de los fondos de la institución para la compra de combustible, una acusación rara en un país donde pocos funcionarios corruptos son juzgados.
El 19 de mayo, el presidente Horacio Cartes destituyó al comandante de la policía nacional Francisco Alvarenga por su presunta conexión con un creciente escándalo de desvío de fondos para combustible que involucra a varios policías, incluido el hijo de Alvarenga, informó ABC Color. Al día siguiente, el ministro del Interior Francisco de Vargas anunció que tanto Alvarenga como el director administrativo de la policía nacional, Carlos Jara, habían sido acusados de “abuso de confianza”.
Según ABC Color, seis agentes de policía han sido implicados en el escándalo por presuntamente retirar cerca de US$230.000 de tarjetas que estaban destinadas a reabastecer de combustible a los vehículos de la policía. Con ese dinero, los oficiales presuntamente compraron autos lujosos y costosas mansiones. Los vínculos de Alvarenga con el escándalo son leves (la imputación lo acusa de conducta negligente para evitar la estafa de manera activa) pero su hijo, Francisco Alvarenga Rotela, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito por presuntamente ayudar al supuesto líder de la red de corrupción.
En una conferencia de prensa en la que se anunciaron los cargos, Vargas afirmó que estos procesos judiciales representan “una de las pocas veces que un comandante en servicio ha sido acusado de un crimen”.
Análisis de InSight Crime
La corrupción policial es un grave problema en Paraguay, que en el listado de Transparencia Internacional ocupa el tercer puesto dentro de los países más corruptos de América, después de Venezuela y Haití. Ha habido numerosos casos de corrupción policial en los últimos años, especialmente en los departamentos que limitan con Brasil, donde existen zonas de producción de marihuana. En un caso reciente, una investigación denunció a una red de policías en el departamento paraguayo de Canindeyú, quienes supuestamente aceptaron sobornos de narcotraficantes y les transfirieron dinero a sus superiores.
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La policía no es la única institución del gobierno paraguayo afectada por la corrupción. En octubre de 2014, el asesinato de un periodista que informaba sobre el comercio de drogas en el país puso al descubierto los vínculos entre políticos y narcotraficantes. Poco después, el jefe de la agencia antidrogas de Paraguay expresó su preocupación de que los narcotraficantes estuvieran comprando la protección de políticos, militares y funcionarios judiciales.
Aunque parece que algunos de los políticos que han quedado en evidencia por el escándalo de la narcopolítica han enfrentado acciones legales, las recientes acusaciones contra altos funcionarios de la policía son un cambio positivo, dados los altos niveles de impunidad que normalmente existen en el país. Sin embargo, es poco probable que el hecho de ir tras los altos mandos logre frenar las malas conductas en una institución en la que la corrupción parece ser endémica.
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