La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha determinado que el ejército ejecutó sumariamente a 15 de las 22 personas que murieron en una bodega en junio de este año, lo que confirma un nuevo caso de graves abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes.
En un informe (pdf) publicado el 21 de octubre, la comisión determinó que siete de las víctimas fueron asesinadas durante un tiroteo con el ejército, y que otras 12 fueron ejecutadas -entre ellas dos menores de edad. Otras tres personas fueron movidas de sus posiciones iniciales, lo que indicaría que también fueron ejecutadas. La CNDH determinó que la escena del crimen había sido alterada "muy seguramente, con la intención de simular que los hechos habían ocurrido en el contexto de un enfrentamiento”.
La CNDH también encontró que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México había torturado y agredido sexualmente a dos mujeres que sobrevivieron al incidente y que sometieron a una tercera a tratos inhumanos.
El informe está basado en información suministrada por las autoridades federales, estatales y municipales; declaraciones de testigos; visitas a la zona donde ocurrió el incidente; y las fotografías de la escena del crimen.
Hasta el momento ocho miembros del ejército -un oficial y siete soldados- han sido detenidos en conexión con la masacre del 30 de junio. El ejército afirmó inicialmente que los asesinatos habían ocurrido durante un enfrentamiento, después de que los presuntos criminales abrieran fuego contra los soldados en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, y que los soldados habían rescatado a tres mujeres que estaban secuestradas en las instalaciones.
Análisis de InSight Crime
El informe de la CNDH confirma la sospecha generalizada de que no todas las muertes fueron el resultado de un tiroteo como las autoridades habían afirmado en un principio, sino que los individuos fueron ejecutados sumariamente por los soldados. Ha habido gran presión internacional para resolver el caso, y las revelaciones de la CNDH son un paso importante en este sentido.
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Sin embargo, queda por ver qué acciones tomará el gobierno mexicano a raíz del informe de la CNDH, una cuestión preocupante dado el historial de impunidad de México en cuanto a los abusos cometidos por los militares. Y a pesar de que la CNDH puede dar recomendaciones sobre las medidas que las autoridades deben tomar, la comisión no tiene el poder de ir más allá de la investigación y la documentación de los abusos.
InSight Crime ha hecho seguimiento a las muertes de presuntos delincuentes a manos de las fuerzas de seguridad en México desde hace algunos años, y ha observado la desproporción entre sospechosos y funcionarios asesinados, lo que apunta a una práctica de larga data de ejecuciones extrajudiciales en el país.
Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad son un tema de intenso debate en México. En septiembre, 43 estudiantes desaparecieron durante una protesta en Iguala, Guerrero, y la policía local ha sido acusada de entregar algunos de los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos para que los ejecutaran.
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