Un miembro de la comisión creada para depurar la Policía Nacional de Honduras declaró que la iniciativa de reforma ha hallado más evidencia de escuadrones de sicarios y otras empresas criminales en el organismo de orden público, pero que corresponde a las cortes llevar dichos casos a la justicia.
Omar Rivera, integrante de la Comisión Especial para la Depuración y Reforma de la Policía Nacional, declaró a La Prensa que la comisión había encontrado vínculos de policías con "redes que se han dedicado a matar, robar, extorsionar y proteger a narcotraficantes, y a ejecutar acciones articuladas con maras y pandillas en perjuicio del pueblo".
La iniciativa de reforma se inició en abril con el examen de oficiales de la cúpula de la policía, incluyendo a exdirectores y comisionados de policía, y ha procedido a examinar a los subcomisionados. Rivera dijo a La Prensa que el 40 por ciento de 152 oficiales de rangos medios sería expulsado de la institución. Eso es casi el mismo porcentaje de oficiales de alto rango que fueron sacados de la fuerza.
Aunque la comisión ha detectado una gran participación de policías en el crimen, Rivera señaló que su trabajo es administrativo y termina con el retiro de la placa, el uniforme y las armas de reglamento a los agentes, así como su expulsión de la institución. Lo demás, añadió, le corresponde al Ministerio Público.
Los miembros de la comisión formada a petición del presidente Juan Orlando Hernández, han persistido en su trabajo pese a estar sometidos a amenazas de muerte continuas.
Análisis de InSight Crime
El presidente Hernández anunció la formación de la comisión poco después de que se filtraran a la prensa antiguos expedientes de investigaciones policiales que implicaban a altos oficiales de la policía en asesinatos de alto perfil. Los archivos inculpaban a los altos oficiales en la planeación y dirección del homicidio, en 2009, del zar antidrogas de Honduras Julián Arístides González, así como el de su comisionado Alfredo Landaverde. La muerte de González se trató presuntamente de un trabajo de sicariato pagado por un narcotraficante.
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The Guardian informó este mes que el ejército hondureño también ha estado implicado en actividades de escuadrones de la muerte. El sargento primero Rodrigo Cruz declaró a la publicación que vio el nombre de la activista ambiental asesinada Berta Cáceres en una lista de objetivos enviada a fuerzas especiales del ejército hondureño entrenadas en Estados Unidos.
Las fuerzas de seguridad centroamericanas han sido acusadas de una larga lista de abusos a los derechos humanos, que se remontan a los conflictos de la Guerra Fría en la subregión y más allá. El fracaso de los sistemas judiciales para responsabilizar a los culpables de esos crímenes es en parte la razón por la que los soldados y la policía centroamericana gozan de tan alto grado de impunidad.
Una notoria falta de acción judicial en los homicidios de Landaverde y González es señal de que la impunidad seguirá pese a la reforma policial en Honduras.
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