Los miembros de una comisión establecida para depurar la policía nacional de Honduras denunciaron haber recibido nuevas amenazas de muerte justo unas horas después de que tres generales de la policía fueron expulsados de la institución como resultado de una recomendación de la comisión.
Alberto Solórzano, pastor y miembro de la Comisión Especial de Honduras para la Depuración y Reforma de la Policía Nacional, le dijo a los medios locales el 21 de junio que la cantidad creciente de amenazas de muerte que recibió lo condujeron a llevar a su familia fuera del país para garantizar su seguridad.
Carlos Hernández, asesor de la comisión y presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), también se ha llevado a su esposa y a sus hijos de Honduras, informó El Heraldo. Él le dijo al diario que otras personas que trabajan con la comisión han hecho lo mismo.
La declaración de Solórzano se presenta poco después del anuncio de la comisión de que tres exdirectores de la policía nacional (José Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos Bonilla Valladares y Ramón Antonio Sabillón) habían sido expulsados de la institución.
Esta comisión se conformó a instancias del presidente Juan Orlando Hernández poco después de que unos antiguos archivos de investigación que implicaban a altos miembros de la policía en asesinatos de personas importantes se filtraron en la prensa local. Los archivos implicaban a Ramírez del Cid y otros funcionarios de alto nivel de la policía en el asesinato del zar antidrogas de Honduras, Julián Arístides González, en el año 2009.
Los archivos también implicaron a altos miembros de la policía en el asesinato, en 2011, de Alfredo Landaverde, quien alguna vez fue consejero de González. Ambos hombres fueron abiertamente críticos sobre la participación de la policía en el crimen organizado, especialmente en el narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
La comisión ha tenido grandes logros en dos meses, sobre todo si se tiene en cuenta que no dispone de presupuesto oficial y que ha recibido poco apoyo del gobierno. La comisión ha despedido, suspendido o aceptado la renuncia de cerca de un 40 por ciento de los 272 oficiales de alto rango que han sido evaluados hasta el momento.
Dada la reputación de la institución como corrupta, y debido a la impunidad frente a los juzgamientos que la policía hondureña ha disfrutado durante mucho tiempo, no es sorprendente que personas o grupos están recurriendo a la intimidación como un intento de bloquear el trabajo de la comisión. Sus miembros comenzaron a informar sobre amenazas poco después de que hicieron su juramento ante la comisión.
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Los esfuerzos por reformar a la policía se dan poco después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que cuenta con respaldo internacional, inició sus labores. Este organismo se encargará de prestar ayuda en casos graves de corrupción política.
Si las amenazas contra quienes tienen la tarea de depurar a la policía son sólo un indicio, es probable que la MACCIH enfrente fuertes oposiciones en sus intentos de ayudar a Honduras a erradicar la corrupción y poner en evidencia los vínculos entre las élites hondureñas y los grupos del crimen organizado.
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