Mientras finaliza la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Lima, un periódico de Perú hace un análisis sobre cómo los controles irregulares facilitan el comercio ilegal de madera en el país –una actividad que provoca deforestación y violencia contra las poblaciones indígenas.
El problema se centra en los documentos de inspección falsificados provistos por las operaciones de explotación forestal, y la falta de seguimiento y coordinación del gobierno para regular el proceso.
Según La República, a pesar del hecho de que varias consultoras forestales han provisto a madereros ilegales con planes de manejo que contienen información falsa –como el número de especies y de árboles en una concesión dada- al menos 75 de estas consultoras permanecen activas. Por ejemplo, un consultor en la región de Madre de Dios, al sur del país, al parecer firmó 103 documentos con información falsa, y continúa siendo reconocido por el gobierno como un inspector legítimo.
Ningún maderero puede extraer madera legalmente sin un plan redactado y firmado por una de estas consultoras forestales. Las autoridades regionales no están obligadas a corroborar la información presentada por los consultores.
La falsificación de información hace que los madereros puedan talar en áreas diferentes a las indicadas en sus planes –tales como parques nacionales o reservas ambientales- y vender la madera como si hubiese sido legalmente extraída. Una ONG estima que los consultores forestales cobran alrededor de US$1.700 por este servicio ilícito.
El periódico señala el pobre intercambio de información entre el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) como una de las causas de este problema. Además, OSINFOR no tiene influencia frente a las consultoras que pueden registrarse con SERFOR, mientras que SERFOR puede multar a las consultoras corruptas, pero no puede removerlas del registro.
Análisis de InSight Crime
El informe de La República resalta cómo la debilidad del sistema –y probablemente la corrupción dentro del mismo- ayudan a perpetuar un comercio altamente dañino, permitiendo a los madereros ilegales disfrazar su labor como un negocio legítimo. Algunos estudios han indicado que hasta un 80 por ciento de la madera extraída de Perú es tomada ilegalmente.
Un fenómeno similar se ha reportado en Brasil, donde la madera “sucia” es “lavada” cuando, por ejemplo, oficiales forestales expiden créditos de explotación forestal para áreas que nunca serán usadas para cosechar, las cuales posteriormente venden a madereros ilegales.
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La tala ilegal es una peligrosa amenaza para el hábitat forestal de Perú. Según La República, el cedro y la caoba se an visto particularmente afectados, además de otras especies de árboles.
La población indígena del país también sufre a causa del comercio por los madereros ilegales que irrumpen en su territorio. En septiembre de este año, cuatro activistas indígenas fueron asesinados mientras protestaban contra el comercio. Los madereros ilegales son los principales sospechosos del hecho.
Las viudas de estos hombres asistieron a la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 20) –que tuvo lugar desde el 1 al 12 de diciembre- para pedirle al Estado que les otorgue títulos de propiedad de sus territorios, informó La República.
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