La policía de Honduras dice que muchas veces los empresarios del transporte son cómplices de las redes de extorsión que explotan a sus propios conductores, lo que muestra cómo la diversidad de actores involucrados en estos esquemas se extiende más allá de las “maras” que atraen la atención de las fuerzas de seguridad.
Oficiales de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de Honduras han declarado que algunos propietarios y operadores de transporte cooperan con las pandillas extorsionando a sus colegas, lo que dificulta aún más la detección y el desmantelamiento de esta actividad, informó La Prensa. La FNA señala que la complicidad en las mafias extorsionistas también se extiende a miembros de la policía, el ejército y a otros funcionarios públicos.
Desde que se creó la FNA en 2013, la unidad ha detenido a más de 2.000 personas por delitos relacionados con la extorsión. Aunque la gran mayoría tenía relación con las pandillas callejeras, conocidas como “maras”, también ha habido entre los detenidos funcionarios carcelarios, empleados de telecomunicaciones, agentes de policía y miembros del ejército.
Las autoridades creen que las maras son responsables de alrededor del 80 por ciento de la extorsión a las redes transportadoras. Aunque las dos pandillas más nombradas en el país, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, son los actores dominantes en este tipo de actividades, la FNA también ha identificado a cuatro pandillas más pequeñas que controlan el territorio y operan redes activas de extorsión al transporte en la capital de Honduras, Tegucigalpa: Los Chirizos, Los Benjamines, “El combo que no se deja”, y La Mafia.
Análisis de InSight Crime
La extorsión a las redes de transporte en Honduras puede ascender a USD$27 millones al año, según estimaciones del gobierno, y a medida que la FNA desarrolla un panorama más completo de los involucrados en estas actividades, va haciéndose más claro que las principales pandillas del país no son las únicas que se llevan una tajada de este dinero.
Aunque las pandillas dirigen gran parte de la coerción y el cobro, mediante ataques y ejecuciones cuando no se paga, también es claro que sus operaciones dependen de la colaboración interna en las redes de transporte, así como de la complicidad de la fuerzas de seguridad y de funcionarios públicos corruptos, y el rol de dichos actores no debe ser ignorado en estas investigaciones.
Además, es importante señalar que la MS13 y Barrio 18 no son las únicas pandillas involucradas en actividades de extorsión, pues si se centra toda la atención en estas bandas, sus rivales más pequeños podrían prosperar.
En febrero de 2016, por ejemplo, las autoridades de Honduras lanzaron una ofensiva de seguridad conocida como "Operación Avalancha", que ataca específicamente las redes de extorsión de la MS13. Si estas operaciones lograran disminuir la capacidad de operación de la MS13, es posible que no hubiera una merma en la extorsión, sino más bien un fortalecimiento de los rivales de la pandilla, quienes podrían aprovechar el desvío de la atención de las autoridades y los problemas de la MS13 para extender sus operaciones y su control del territorio.
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