El número de investigaciones a directivos de empresas de transporte, acusados de colaborar con las redes de extorsión, se ha más que duplicado desde el año pasado, en la región de Lambayeque al norte de Perú, dicen los fiscales, sacando a la luz un aspecto menos conocido de una actividad criminal regional bien documentada.
Carmen Miranda Vidaurre, jefe de Junta de Fiscales del distrito Judicial de Lambayque, dijo que este año, 33 empresas de taxis y minibuses, junto con sus directivos, están siendo investigadas por el cobro de tarifas a sus empleados, con el fin de efectuar los pagos a los grupos criminales que cobran extorsión. A cambio de recolectar los pagos, los gerentes presuntamente recibieron una porción de las ganancias. Vidaurre señaló que estos mismos directivos también están presentando denuncias de extorsión, informó RPP.
Según el fiscal regional Juan Carrasco Millones, solo hubo 15 directivos investigados en 2012. Carrasco dijo que hay 136 denuncias de extorsión que están siendo investigadas hasta ahora en 2013, y que cinco redes de extorsión han sido desmanteladas.
Particularmente, Carrasco ha sido acusado por la división de la policía anti-extorsión de Perú de no hacer lo suficiente para investigar adecuadamente estos casos.
Análisis de InSight Crime
La extorsión ha sido un problema constante en Lambayeque, donde Aurelio Ángeles Bonilla, alias "Viejo Paco", quien fue arrestado en diciembre de 2012, anteriormente dirigió un grupo de extorsionadores presuntamente responsables de decenas de asesinatos y secuestros.
Al igual que en Lambayeque, la extorsión del sector del transporte es común en otros países de Latinoamérica, como Honduras, Guatemala y Colombia, y ha dado lugar a numerosos homicidios. No obstante, no es común escuchar acerca de cómo los gerentes de las empresas de transporte pueden ser cómplices de estos esquemas de extorsión. Algunos de ellos podrían vender información de inteligencia, sobre las empresas de autobuses rivales, a esas redes extorsivas, con el fin de presionar a la compañía rival de reducir su tamaño y así permitir a sus competidores entrar y recoger las ganancias. Este tipo de escenarios no son desconocidos en la región.
En muchos casos, los extorsionadores cobran directamente a los conductores, una práctica que llevó a Guatemala a poner en práctica un sistema de bus sin dinero en efectivo. Mientras tanto, en Honduras, la extorsión ha provocado el cierre de 17.000 pequeñas empresas en el último año.
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