Se complica caso contra sobrinos de primera dama de Venezuela

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Las audiencias recientes han puesto en cuestión la credibilidad de las evidencias primarias en una investigación sobre tráfico de drogas en Estados Unidos que involucra a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, lo que introduce cierta incertidumbre en un caso que parecía ser sólido.

Efraín Campo y Francisco Flores fueron detenidos en noviembre de 2015 en Haití durante una operación sorpresa coordinada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) y acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, supuestamente confesaron el crimen mientras eran transportados en un vuelo de Haití a Nueva York.

Pero los nuevos giros en el caso han planteado dudas acerca de cómo la DEA manejó la operación, según informó al Miami Herald. Los fiscales aseguran que los acusados no fueron obligados a confesar, pero, según el diario, los acusados alegan que los agentes de la DEA les dijeron que no volverían a ver a sus hijos si no cooperaban.

La defensa ha insinuado también que los sospechosos fueron disuadidos de aceptar su participación en la conspiración debido a sus vínculos familiares con la primera dama y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Fueron elegidos como blanco de una operación de narcóticos ‘sorpresa’, posiblemente por razones de política internacional”, dijo el abogado defensor Randall Jackson.

Pero quizá el golpe más bajo para los fiscales son las nuevas revelaciones que ponen en duda la credibilidad de los informantes confidenciales involucrados en el caso. La semana pasada, el Miami Herald informó que algunos documentos de la corte mostraban que un hombre no autorizado le pagó a uno de los informantes confidenciales para que ingresara a Venezuela a reunirse con Campo y Flores, usando dinero que los informantes habían recibido de la DEA como parte de un acuerdo anterior. El informante confidencial, identificado en los documentos judiciales como CS-2, se comprometió a pagarle al hombre entre US$50.000 y 100.000 si se completaba el negocio de drogas.

Los informantes confidenciales, que son padre e hijo, ya han sido condenados por llevar a cabo negocios de drogas no autorizados mientras cooperan con la DEA. El gobierno de Estados Unidos les ha pagado un total de US$1,2 millones por sus servicios, según el Miami Herald.

“Si yo fuera [fiscal] estaría nervioso”, le dijo al diario David Weinstein, exdirector de la división de narcóticos de la Fiscalía de Estados Unidos en Miami. “Como van las cosas, el caso no está mejorando. Se está debilitando”.

Análisis de InSight Crime

El argumento de la defensa de que la operación sorpresa tuvo móviles políticos es bastante conocido en Venezuela, donde los funcionarios suelen hacer caso omiso de las denuncias de corrupción y acusan al Gobierno de Estados Unidos de intentar desestabilizar al régimen Chavista. En agosto, por ejemplo, el presidente Maduro promovió al zar antidrogas del país a ministro del Interior, un día después de que Estados Unidos lo había acusado de narcotráfico.

“La DEA y todas las mafias narcotraficantes de Estados Unidos quieren hacerle pagar, porque la mafia de tráfico de drogas manda en Estados Unidos”, dijo Maduro en ese momento.

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Sin embargo, el caso parece haberse debilitado con la divulgación de la nueva información sobre los informantes confidenciales. Su potencial falta de fiabilidad en la corte es un asunto serio en un caso de alto riesgo que los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos están vigilando de cerca.

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