Algunos legisladores en Honduras están apoyando un ataque legal dirigido a minar el organismo anticorrupción del país, que cuenta con aval internacional, al declarar inconstitucional su acuerdo de creación, una maniobra que podría descarrilar las investigaciones en curso por malos manejos en la función pública.
El 29 de mayo, el Congreso de Honduras publicó un análisis jurídico que llamaba a la suspensión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con aval internacional, fundada en la “inconstitucionalidad” de su creación.
Según el análisis del congreso, el acuerdo de 2016 que acordaba la creación de la MACCIH, que suscribieran el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos (OEA), viola la constitución hondureña, pues interfiere con la “soberanía nacional” y la “autonomía e independencia” de las instituciones del país.
El documento sirve de respaldo en una causa que está en estudio en la Corte Suprema del país. A comienzos de marzo, los abogados de varios miembros del Congreso implicados en investigaciones anticorrupción llevadas por la MACCIH presentaron una querella ante la corte con el mismo argumento legal sobre la inconstitucionalidad del mandato de la MACCIH.
La Corte Suprema aún no ha tomado una decisión sobre el caso, pero noticias de prensa en Honduras indican que la corte puede ir socavando partes de la MACCIH con la declaración de inconstitucionalidad sobre la creación del brazo investigativo del organismo en el Ministerio Público.
Análisis de InSight Crime
Con la nueva arremetida en los intentos de funcionarios corruptos en Honduras por descarrilar las investigaciones por corrupción, los recientes argumentos jurídicos sobre la constitucionalidad de la MACCIH podrían llevar al desmonte o al debilitamiento del organismo, lo que haría cernirse una nube negra sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en ese país.
Eric Olson, director del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, comentó a InSight Crime que un fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional el mandato de la MACCIH sería “un golpe devastador”.
Según Olson, los “riesgos son enormes” para una decisión así de la corte, la cual está llena de aliados del presidente Hernández, quien también enfrenta denuncias de corrupción.
Olsen advirtió que un dictamen contra la MACCIH podría despertar mayores dudas sobre “cuáles son las motivaciones” y agravar la “falta de confianza en el sistema judicial de Honduras”.
En particular, los ataques al órgano investigativo de la MACCIH son “muy preocupantes”, comentó Olson, porque podrían llevar a la reducción al mínimo de las facultades del ente y a convertirlo en una “institución muy ineficaz sin mayor capacidad”, aun cuando no se suspenda por completo la misión.
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Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencia política en el Washington College, declaró a InSight Crime que aunque el mandato de la MACCIH haya sido débil desde el inicio, si se suprime su presencia es improbable que las investigaciones anticorrupción en Honduras prosperen.
“Existe muy poca voluntad política o capacidad institucional para enfrentar la corrupción en Honduras. La élite política, comenzando por la misma cúspide, tiene muy pocos deseos de investigarse a sí misma”, comentó Wade.
Aun cuando no prospere este nuevo embate para socavar y descarrilar las investigaciones, Olson y Wade coinciden en que la campaña para debilitar los organismos investigativos encontrará otra vía.
“Quienes temen en Honduras a un sistema de justicia independiente seguirán atacándolo de tantas maneras como les sea posible. Esta es una forma, pero existen otras”, sentenció Olson.
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