Representantes de la industria agrícola de Guatemala señalaron que el contrabando de alimentos ha aumentado en casi un tercio este año y que en el 2015 le costó al gobierno más de US$2 mil millones, una acusación que no augura nada bueno para los intentos del país de controlar la corrupción al interior de su institución aduanera.
La Gremial de Fabricantes de Alimentos (GREFAL) estima que el contrabando de alimentos aumentó el 30 por ciento este año, informó La Hora. Según Luis Mazariegos, uno de los representantes de la agremiación, el contrabando de aceite de cocina proveniente de México fue especialmente grande, representando un 30 por ciento del contrabando total de alimentos.
Otros productos en los que la GREFAL ha observado un aumento en el contrabando son: arroz, huevos, pastas, licores, tabacos, bocadillos y dulces.
Mazariegos señaló que, además de afectar negativamente a las empresas guatemaltecas, las ganancias que se perdieron a causa de estos productos ilícitos en 2015 ascendieron a 16 mil millones de quetzales —más de US$2,1 mil millones—, debido a los impuestos e ingresos que el Estado dejó de percibir.
Como lo ha señalado elPeriódico, estas pérdidas representarían más del 20 por ciento del presupuesto del gobierno guatemalteco para 2016, que es de unos US$9,4 mil millones, lo que llama la atención sobre la magnitud del problema. De hecho, los costos del contrabando que pasa por los 113 cruces fronterizos con México, Belice, El Salvador y Honduras serían suficientes para cubrir la totalidad del presupuesto del Ministerio de Educación de Guatemala (US$1,8 mil millones), y son casi tres veces más que los del Ministerio de Salud (US$728 millones).
La GREFAL ha solicitado más medidas policiales y legales para enfrentar el problema, argumentando que en el año 2015 sólo se abrieron 13 investigaciones por contrabando de alimentos, y que sólo tres de ellas fueron debidamente procesadas.
Análisis de InSight Crime
Las cifras presentadas por la GREFAL son significativas. A pesar de las sospechas de que han sido exageradas o inexactas debido a intereses financieros de la agremiación en el tema, es incuestionable que Guatemala no ha logrado controlar el contrabando.
La corrupción al interior de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha recibido mucha atención recientemente. El año pasado, el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunciaron a sus cargos y posteriormente fueron detenidos en relación con un esquema de fraude aduanero conocido como “La Línea”. Los fiscales alegan que mediante dicho esquema los funcionarios reducían los impuestos de importación de ciertos bienes, a cambio de recibir dineros de sobornos. Pérez Molina y Baldetti están actualmente en prisión en espera de juicio.
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas, ha estado ayudando al país en sus esfuerzos por luchar contra la corrupción en los altos niveles del gobierno, y ha tenido buenos resultados, como lo demuestran los casos de La Línea y varios otros casos emblemáticos.
A pesar de estos progresos, la alarma que ha encendido el sector agrícola en relación con los altos niveles del contrabando de alimentos recuerda que Guatemala todavía enfrenta profundos desafíos estructurales y que la lucha contra la corrupción debe librarse en todos los niveles del gobierno.
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