Una serie de asesinatos en la frontera sur de Ecuador con Perú se han atribuido a una guerra entre miembros de bandas por el control de pasos clandestinos usados para el cruce de personas y contrabando, lo que resalta el peligro de las fronteras duras como incentivo para la violencia criminal competitiva.
A comienzos de octubre, Alexander Palacios Rodolfo Abril,un miembro de una banda local conocido como “Roba Gallinas”, fue asesinado a tiros mientras habilitaba un cruce fronterizo ilegal en el cantón Huaquillas, de la provincia de El Oro, en Ecuador, según informó el portal de noticias Diario Correo.
Su homicidio rápidamente escaló en una serie de muertes retaliatorias: el 13 de octubre los dos sospechosos de su asesinato fueron acribillados, el 20 de octubre, su presunto asesino fue también abatido, y el 2 de noviembre dos personas más fueron halladas muertas, una luego de un tiroteo público y la otra en una cuneta con signos de tortura. El 9 de noviembre, un fallido intento de asesinato dejó a un hombre herido.
Se cree que “Roba Gallinas” era uno de los cabecillas de los “Injertos del Norte”, una banda que surgió por el 2013 y desde entonces ha estado vinculada a robos de vehículos, extorsión, secuestro, microtráfico y sicariato en el sur de Ecuador, el norte de Perú e incluso en la frontera entre Perú y Chile. En repetidas ocasiones, la Policía ha anunciado la desarticulación de la banda, lo cual indica, sin embargo, que esta puede ser una red criminal con una organización menos definida. Un informe alega incluso que esta banda mantiene una profunda rivalidad con “Los Pollos”, banda también presente en Huaquillas.
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Por mucho tiempo ha habido cruces ilegales en Huaquillas, centro de contrabando, pero estos se han incrementado durante la pandemia por el cierre de las fronteras en el mes de marzo, y sus operadores cobran entre US$1 y US$50 por paso, dependiendo de la cantidad y del tipo de mercancía. En setiembre, la Policía Nacional ecuatoriana decomisó 100 kilos de bicarbonato de sodio, usado para la producción del derivado de la pasta base de cocaína “crack”, y en un operativo en octubre desarticuló una red dedicada al contrabando de armas en el cantón.
El gobernador de El Oro, Danny Gámez, declaró a El Universo que este año se han destruido cerca de 100 pasos ilegales en Huaquillas, los cuales según la policía son operados en su mayoría por dos grupos rivales. En respuesta a ello, las autoridades provinciales militarizaron la frontera de Huaquillas. Así, el 9 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Ecuador publicaron un tuit anunciando que el Primer Batallón de Infantería Motorizada Constitución hizo presencia “para impedir el ingreso ilegal de migrantes extranjeros y mercancía de contrabando”.
Análisis de InSight Crime
Cuando las economías del contrabando comienzan a generar violencia competitiva, una respuesta común en Latinoamérica ha sido la militarización de las fronteras y las medidas de fuerza en los pasos clandestinos, desde las fronteras entre Brasil y Paraguay y entre Venezuela y Colombia hasta los territorios limítrofes entre Honduras y El Salvador y México y Guatemala.
La frontera Ecuador-Perú ha experimentado respuestas similares, como cuando en 2017 Ecuador comenzó a construir un controvertido muro fronterizo para impedir el flujo de contrabando o cuando, en enero de 2019, cuatro homicidios en Huaquillas llevaron a las autoridades provinciales ecuatorianas a desplegar un pelotón del ejército en el cantón.
Pero esta estrategia no ha sido efectiva, pues el crimen organizado ha seguido operando como de costumbre durante la pandemia: pescadores locales han denunciado intimidación y robos este verano, mientras que se acusó a criminales en motos de cometer robos y extorsionar negocios locales. De igual manera, los recientes homicidios fueron ejecutados por pistoleros en motos, lo que sugiere la participación de los mismos grupos.
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Más aún, Huaquillas ha sido por mucho tiempo un centro de tráfico de armas con destino a Colombia. En febrero de 2019, se desarticuló una red de tráfico de armamento especialmente sofisticada, que se abastecía de armas de fuego estadounidenses y mexicanas en Perú. Estos grupos las introducían ilegamente por la provincia de El Oro y las vendía a grupos colombianos. La cocaína peruana y la gasolina ecuatoriana también fluyen entre fronteras por Huaquillas, donde la primera está bajo control directo del crimen organizado y la segunda paga un impuesto a los grupos criminales para operar.
A pesar de todo, las medidas de fuerza en la frontera pueden inadvertidamente exacerbar los problemas. Huaquillas y Aguas Verdes en Perú son comunidades interdependientes que dependen del comercio transfronterizo, y el río Zarumilla que divide ambas poblaciones solo tiene 6 metros de ancho en algunos tramos. De ahí que el contrabando haya sido por mucho tiempo un método de comercio informal para evadir impuestos, donde los vendedores traen gasolina y medicamentos ecuatorianos a Perú y textiles peruanos y electrodomésticos hacia Ecuador: muchas veces los “pasos clandestinos” son apenas tablones largos.
Por ende, la militarización de las fronteras corre el riesgo de criminalizar una de las pocas fuentes de ingresos que quedan y de poner a negocios y personas en una situación financiera desesperada, aún más a merced de bandas locales, a la par que no logra detener el flujo de mercancías ilegales. De hecho, al criminalizar el contrabando transfronterizo, las autoridades regalan esa economía al crimen organizado, como se ve principalmente en la frontera mexicano-estadounidense.
Un capital mayor a su disposición y una alta tolerancia al riesgo ponen las condiciones para un monopolio del mercado por parte de los grupos criminales y la acumulación de mayores ganancias cuando la escasez causada por las medidas de fuerza eleva el precio de productos comunes. Finalmente, al reducir el número de pasos clandestinos, las autoridades aumentan el valor de los restantes, lo que incentiva aún más violencia.
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