La corrupción de agentes de la petrolera nacional Pemex y de otros funcionarios públicos está en el corazón del saqueo de combustible a la compañía, que le ha costado al Estado mexicano al menos US$1.000 millones al año.
Entrevistas recientes a involucrados en el robo de combustible publicadas en diferentes medios de comunicación dejan constancia del alcance de la corrupción.
En conversaciones con el diario español El País, un expolicía convertido en "huachicolero" (término con el que se designa a quienes participan en el robo de combustible) y un actual jefe de policía municipal explican la razón por la cual el robo se ha disparado en los últimos años.
Según ambos, la "ordeña" de ductos se intensificó luego de que la petrolera estatal proporcionó a los gobiernos municipales planos de los ductos de petróleo con el fin de evitar explosiones. Los planos terminaron en manos de grupos criminales.
"Al principio fuimos ayudados por el personal de Pemex", comenta el huachicolero, quien explica que los empleados de la petrolera fueron quienes les enseñaron a perforar los ductos. Según el testimonio del jefe de policía, un ingeniero de Pemex que trabajaba en su municipio cobraba a los grupos criminales 25.000 pesos mexicanos (US$1.250) por cada toma de petróleo que realizara para ellos.
En una entrevista con el diario mexicano Milenio, una fuente anónima involucrada en el robo de combustible señala que funcionarios de Pemex también les avisan los horarios en los que pasa el combustible por los ductos y les proporcionan herramientas para llevar a cabo las tomas. Sin embargo, comenta que estos empleados son solo el primer eslabón en la cadena de corrupción, la cual según él llega hasta los "bandidos de cuello blanco".
"[La corrupción] va desde MP [ministerios públicos], autoridades municipales, secretariados estatales hasta lo que tú te puedas imaginar", dijo la fuente a Milenio, antes de añadir que en su municipio, los huachicoleros le tienen que pagar 10.000 pesos mensuales (alrededor de US$540) a la Policía Federal para transitar libremente.
Milenio señala que la corrupción ligada al robo de combustible ha alcanzado al exsecretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas, así como a algunos oficiales de la policía estatal y a un alcalde. El diario también informó que desde julio de 2016 ha documentado el uso de combustible robado para la construcción de una planta de Audi en Puebla, lo cual podría implicar al líder de la Confederación de Trabajadores de México.
El Universal informó el 25 de mayo que cuatro alcaldes estaban siendo investigados por autoridades judiciales y de inteligencia. Varios empresarios gasolineros también están bajo investigación.
Análisis de InSight Crime
El robo de combustible es un problema que ha golpeado a México por varios años, pero que en la última década creció en un 2.000 por ciento, según el Financial Times, llegando a costarle a Pemex por lo menos US$1.000 millones al año.
El que empleados de la petrolera estatal estén involucrados en el robo de combustible es algo que ya se conocía y que InSight Crime documentó a principios de este año. De hecho, entre 2006 y 2015 fueron arrestados 123 trabajadores de Pemex y 12 exempleados por estar ligados a esta actividad.
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Sobre lo que aún no se tiene mucha información es de la corrupción que existe en los niveles más altos. La revista Proceso publicó un artículo a principios de mayo en el que resaltó que hasta la fecha no ha habido una estrategia por parte del gobierno para investigar a altos funcionarios de Pemex, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros o autoridades de los estados donde se concentra el hurto de petróleo.
La revista también planteó la duda de si esta actividad criminal se ha utilizado para financiar campañas electorales, como lo han afirmado integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con respecto a la campaña del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle.
El comercio de combustible robado también ha alcanzado a compañías extranjeras. En los últimos años, Pemex demandó a 23 empresas estadounidenses a las que acusó de comprar y distribuir combustible robado mexicano. Sin embargo, la petrolera no ganó la demanda.
Con respecto a las autoridades locales, Alberto Islas, de la consultora Risk Evaluation, señaló a InSight Crime este mes que el rápido aumento de ingresos por la venta de petróleo robado le permite a los grupos criminales contar con más recursos para corromper a funcionarios y lograr que los dejen operar con impunidad. Según Islas, la complicidad de las autoridades es “invaluable” para quienes se dedican a este negocio.
Además de la corrupción de funcionarios públicos y empresarios, según informes recientes, hay dos grupos principales que se disputan el negocio. El más antiguo son Los Bukanas, vinculados a Los Zetas, pero en los últimos años habrían sido desplazados por Antonio Martínez Fuentes, alias "El Toñín", quien está ligado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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