La más alta corte de Guatemala ha dictaminado que el presidente Jimmy Morales no tiene potestad para expulsar al jefe del organismo anticorrupción, avalado por la comunidad internacional, un fallo que pone fin a un intento evidente de desviar una investigación por acusaciones de financiación ilegal de su campaña.
Según el fallo emitido el 29 de agosto por la Corte Constitucional de Guatemala, Morales emitió la orden de expulsión de manera improcedente, violando la constitución guatemalteca y el acuerdo con las Naciones Unidas, que respalda la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el colombiano Iván Velásquez.
El 27 de agosto, Morales emitió una orden para retirar de su cargo a Velásquez, jefe de la CICIG, y expulsarlo de Guatemala, solo dos días después de que aquel y la fiscal general Thelma Aldana anunciaran que buscaban levantar la inmunidad judicial a Morales con el fin de adelantar investigaciones sobre denuncias de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2015.
Al intento de Morales de destituir a Velásquez le siguieron de inmediato fuertes denuncias de actores nacionales e internacionales, entre ellos las embajadas de Estados Unidos y otros países, las Naciones Unidas, docenas de grupos de la sociedad civil y obispos de la Iglesia Católica.
Ante la avalancha de críticas al presidente, la Corte Constitucional suspendió la orden y recibió peticiones de múltiples grupos de la sociedad civil. Después de revisar el caso, la corte resolvió que la orden unilateral de Morales era inconstitucional.
Luego del clamor público en oposición a su maniobra para sustituir a Velásquez y afectar a la popular CICIG, Morales anunció públicamente a comienzos de esta semana que respetará las decisiones de los organismos judiciales de Guatemala.
"Pueblo de Guatemala, como presidente constitucional de la república he sido y seguiré siendo respetuoso de las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales. El estado de derecho siempre debe prevalecer", escribió Morales en su cuenta de Facebook el día antes de que el fallo anulara su orden.
En los días que siguieron, la Corte Suprema de Guatemala decidirá si despoja o no a Morales de su inmunidad oficial. Si la corte falla a favor de levantar la inmunidad al presidente, sería preciso que dos terceras partes del Congreso aprobaran la solicitud para avanzar con la investigación.
Análisis de InSight Crime
Solo dos años después de que unas explosivas revelaciones de corrupción llevaran a la cárcel a varios altos funcionarios guatemaltecos, parece que la investigación sobre las finanzas de la campaña de Morales, que hasta el momento no ha logrado detener, pueden sumir al país en otra crisis política.
La decisión de Morales de tomar una acción preventiva contra la CICIG con la orden de destitución de Velásquez puede haber sido producto de las lecciones aprendidas de su predecesor Otto Pérez Molina. Aunque Pérez Molina se vio ante una encrucijada semejante al resistirse a renovar el mandato de la CICIG, la presión internacional lo obligó a ceder. Finalmente, la comisión desveló que Pérez Molina era el cabecilla de un intrincado esquema de malversación, revelaciones que lo llevaron a dimitir y terminar en la cárcel junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti.
"Él se encontró en esa situación sin salida", comentó a InSight Crime Mike Allison, experto en Centroamérica, de la Universidad de Scranton.
Allison añadió que ante el desenlace que tuvo la situación para Pérez Molina era de esperarse que Morales "adoptara una posición ofensiva".
VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado en Guatemala
Ahora que se ha bloqueado la ofensiva inicial de Morales, sin embargo, queda por ver si puede levantársele su inmunidad y lo que pueda salir a la luz como resultado de la investigación a las finanzas de su campaña.
Las drásticas acciones de Morales indican que la evidencia en su contra puede ser irrecusable, y puede involucrar a exoficiales del ejército, quienes forman la base de apoyo de su partido político, el Frente de Convergencia Nacional (FCN).
Allison señaló a InSight Crime que oficiales retirados del ejército llevan mucho tiempo sobornando a políticos para "desviar la atención de su propia conducta criminal". Es probable que exoficiales del ejército hicieran contribuciones a la campaña de Morales y de otros funcionarios del FCN para "protegerse de ser judicializados por crímenes cometidos durante la guerra civil y posiblemente por cualquier otra participación criminal que hayan tenido después de la guerra", observó Allison.
Morales también sigue teniendo el respaldo de muchos alcaldes locales, que también pueden tener interés en el resultado de las investigaciones, pues la CICIG también acusó de corrupción a los funcionarios locales.
Con mucha presión desde dentro y fuera del país, es posible que Morales encuentre poco apoyo aparte de una base de funcionarios corruptos en lo que respecta a silenciar las investigaciones por corrupción.
"Hay ciudadanos en Guatemala que están muy enojados por la corrupción y se dan cuenta de las consecuencias de un gobierno que se roba el dinero y los recursos que deberían invertirse en salud, en el sistema educativo", reconoció Allison.
"La única razón por la que se mantiene la CICIG es por la presión nacional de las organizaciones no gubernamentales y del pueblo guatemalteco, y por la presión internacional", añadió. "No creo que esas presiones desaparezcan".
SUSCRIBIRME