Un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca la primera vez que este tribunal condena a Brasil por violencia policial, en un caso de décadas de antigüedad que pone de relieve las fallas institucionales permanentes en las fuerzas de seguridad de Rio de Janeiro.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciado el 12 de mayo, tiene relación con dos hechos separados que tuvieron lugar en octubre de 1994 y mayo de 1995 en el asentamiento Complexo do Alemão de Rio, en el que agentes de policía violaron a tres mujeres y asesinaron a 26 personas.
Denominadas las masacres de "Nova Brasília", más de 20 años han pasado sin que se administre justicia a las víctimas, según pronunció la corte. El fallo hace responsable a Brasil por no haber investigado como se debía y castigado a los responsables de esos delitos.
Esta es la primera vez que Brasil es condenado por la CIDH por violencia policial, según el servicio de noticias del gobierno brasileño Agência Brasil.
El caso fue presentado por dos organizaciones no gubernamentales, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus iniciales en inglés) y el Instituto de Estudios Religiosos (ISER por sus iniciales en portugués).
Beatriz Affonso, directora del programa de CEJIL en Brasil, declaró en un comunicado que "la sentencia reconoce que la violencia perpetrada por los agentes de seguridad pública del estado de Rio de Janeiro ocurre de forma sistemática, y cuenta con la omisión de los administradores de justicia".
Amnistía Internacional también emitió un comunicado elogiando el fallo, en el cual se hacía notar que la corte había ordenado que "se reabrieran las investigaciones sobre ambas masacres y que se compensara y protegiera debidamente a las víctimas".
Además, el tribunal dictaminó que Brasil "debe publicar un informe anual con datos sobre las muertes derivadas de intervenciones policiales en todo el país y fijar metas y políticas para reducir la violencia y los homicidios por parte de la policía en Rio de Janeiro", escribió Amnistía.
"Este juicio arroja una luz tardía sobre las horrorosas violaciones contra los derechos humanos perpetradas por el cuerpo de policía de Rio contra personas jóvenes, pobres, de raza negra, inermes" declaró en el comunicado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
"Han pasado 20 años de las masacres de Nova Brasília y hasta el momento no ha habido ningún responsable de los homicidios o la violencia sexual perpetrados. Esta impunidad alimenta la incontrolada violencia policial que seguimos presenciando en las calles de Rio hoy en día", añadió Werneck.
El gobierno ahora dispone de un año, hasta el 11 de mayo de 2018, para reabrir las investigaciones e indemnizar a casi 80 personas que se vieron afectadas por las masacres con el fin de acatar el fallo, según Agência Brasil.
Affonso de CEJIL dijo a Agência Brasil que la expectativa es que el gobierno brasileño puede acatar prontamente la decisión de la corte.
Análisis de InSight Crime
El fallo de la CIDH contra las fuerzas de policía en Rio de Janeiro se da en el marco de un mayor escrutinio a la policía de la ciudad en medio de una ola de violencia. Y aunque no es claro cuáles serán las implicaciones precisas de este caso específico a largo plazo, ella se suma a una creciente condena internacional sobre el viejo problema de la brutalidad policial en Rio de Janeiro.
A comienzos de este año, se informó que la policía de la ciudad hace uso continuo de altos grados de fuerza letal. El Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Brasil halló que las fuerzas de policía de Rio de Janeiro habían matado a 84 personas en febrero, lo que marcó un incremento del 71 por ciento desde febrero de 2016, cuando asesinaron a 49 personas.
Desde enero de 2016, las matanzas de la policía de Río de Janeiro se han incrementado en términos generales, con un pico de 105 muertes en diciembre de 2016. Los casos de abuso de fuerza de la policía en Brasil por lo general quedan impunes.
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Sin embargo, este patrón de abuso e impunidad que puso de manifiesto el fallo de la CIDH la semana pasada arroja luz sobre fallas institucionales más generalizadas.
Aunque las fuerzas de policía de Rio de Janeiro han perpetrado un número récord de muertes en los últimos meses, también han sufrido un récord de bajas en sus filas en 2017. Al mes de abril, habían caído muertos 51 agentes de policía en Rio de Janeiro. Dado que las estadísticas comenzaron a registrarse hace 23 años, este es la mayor cifra registrada.
Esta tendencia puede ser un reflejo del mal entrenamiento que suelen recibir los agentes de policía en Brasil, combinado con una estrategia de seguridad general deficiente, que prioriza las tácticas autoritarias sobre iniciativas que pueden ser más efectivas como el desarrollo social o la vigilancia comunitaria.
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Sin embargo, parece que la mayor militarización seguirá siendo la respuesta a los repuntes de violencia en Rio de Janeiro. Esta semana el gobierno federal autorizó reforzar con 300 nuevos agentes de la Fuerza de Seguridad Nacional Brasileña, las fuerzas que ya patrullan la ciudad, con 125 agentes desplegados luego de recientes brotes de violencia, informó Agência Brasil.
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