La condena de una corte internacional al papel del Estado colombiano en una infame operación militar llevada a cabo en la ciudad de Medellín, muestra las fallas de militarizar la lucha contra grupos armados ilegales, particularmente en áreas urbanas altamente pobladas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al gobierno de Colombia por su papel en asesinatos y otros crímenes en contra de cinco mujeres líderes sociales en contexto del conflicto armado, declara un comunicado de prensa del 10 de enero. El caso está conectado a una serie de operaciones militares incluyendo particularmente la infame “Operación Orión”, llevada a cabo en 2002 en la notoria Comuna 13, ubicada en la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín.
“Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín”. (Vea la sentencia completa de Noviembre del 2016 aquí – pdf).
Yarce fue asesinada en 2004, después de haber acusado a las fuerzas de seguridad del Estado por colusión con grupos paramilitares locales. La corte internacional decidió que el Estado colombiano falló en garantizar su seguridad a pesar de numerosas advertencias de que su vida estaba en riesgo.
La corte además acordó que tres víctimas fueron arbitrariamente detenidas en 2002 después de ser acusadas de colaboración con las guerrillas, y encontró que el Estado no hizo lo suficiente por proteger a los defensores de ser forzosamente desplazados de sus hogares. También condena la impunidad alrededor de los crímenes a las cinco victimas.
De acuerdo con el fallo, los arrestos ilegales ocurrieron “durante el Estado de conmoción interior causado por la Operación Orión”.
La Operación Orion fue llevada a cabo en octubre del 2002 por el entonces presidente Álvaro Uribe con el objetivo de expulsar las guerrillas urbanas de la zona. Un barrio estratégicamente ubicado que se extiende a lo largo de la principal autopista que conecta a Medellín con la costa caribeña, la Comuna 13, que al mismo tiempo era hogar de las unidades del grupo armado de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Estos grupos luchaban contra los frentes de la organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia –(AUC).
Se cree que miles de civiles fueron heridos, desplazados, desaparecidos o asesinados durante el desarrollo de la operación militar en 2002.
Análisis de InSight Crime
La incursión militar en área urbana en Octubre del 2002 ha recibido una condena generalizada debido a los presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas colombianas, así como por la evidencia de colaboración con grupos paramilitares. Lo ocurrido en la Comuna 13 es una muestra de que adoptar fuertes tácticas militares en escenarios de conflicto interno puede ser una caja de Pandora para la seguridad de la ciudad.
El contexto urbano de la Operación Orion expuso a la población a la extrema violencia, reemplazando un problema –las guerrillas– con otro.
Como expone el archivo de la Corte Interamericana: “La Operación Orion debilitó la presencia de guerrillas en la Comuna 13, sin embargo, no puso fin a la presencia y actividad de todos los grupos armados ilegales”. En efecto, en los años siguientes, grupos paramilitares continuaron llevando a cabo actos violentos en contra de la población local, y hoy bandas criminales permanecen presentes.
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En el centro del problema está que, en ausencia de alternativas viables para combatir los grupos armados ilegales, los gobiernos de Latinoamérica frecuentemente ignoran evidencia de violaciones de derechos humanos o colusión criminal dentro de las fuerzas militares. México también ha sido objeto de la crítica internacional por mantener al ejército en el primer plano de la guerra contra el crimen organizado a pesar de incontables casos de excesos violentos y nexos criminales. Similar a esto, la dura estrategia de seguridad de El Salvador ha sido ligada a asesinatos extrajudiciales por la policía, pero continúa siendo avalada en la lucha contra las pandillas.
Aun así, existe la esperanza de que la presión internacional desde sentencias judiciales tal como esta, puedan alentar a los gobiernos a ser menos dependientes de estrategias de seguridad altamente militares y buscar soluciones mas efectivas a largo plazo.