El tribunal supremo de El Salvador calificó a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 como organizaciones terroristas, en lo que parece ser una declaración oficial de guerra y una luz verde para una mayor militarización de la seguridad nacional.
El 24 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a la MS13 y a Barrio 18 —junto con otros grupos criminales que violan los derechos humanos fundamentales de la población o que buscan usurpar el poder estatal— como grupos terroristas, informó AP. La Corte Suprema basó su sentencia en el uso sistémico y organizado de la violencia por parte de las pandillas, como se evidenció en el último paro de transportadores impulsado por pandillas.
En la misma resolución, los jueces rechazaron varios recursos que buscaban declarar inconstitucionales a varios elementos de las leyes salvadoreñas contra el terrorismo. En estas leyes se establecen penas duras para los miembros de la MS13 y de Barrio 18, incluyendo hasta 10 a 15 años de prisión para los líderes pandilleros condenados por cargos de terrorismo.
Además de los pandilleros, la sentencia de la Corte categorizó a los "colaboradores, apologistas y financistas" de las pandillas como terroristas, informó la Prensa Gráfica.
Esta decisión se produce en medio del recrudecimiento de la crisis de seguridad en El Salvador, y del aumento de las confrontaciones entre policías y pandilleros. En el mes de agosto —con 539 homicidios durante sus primeros 20 días— se ha registrado la mayor tasa de homicidios diarios (cerca de 27), en comparación con los otros meses de 2015.
De hecho, este año han sido asesinados 44 policías, a comparación del total de 39 uniformados muertos en todo 2014.
Análisis de InSight Crime
Pese a que la desesperada situación de seguridad en El Salvador requiere soluciones novedosas, la Corte Suprema fortaleció de facto una respuesta militarizada que probablemente llevará a abusos y no a mejorar la situación.
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En efecto, calificar a los pandilleros y a sus presuntos colaboradores como terroristas se añade a la creciente retórica agresiva del gobierno —pese a que hay escasas evidencias que demuestren que militarizar la seguridad sirva para reducir la violencia—. Este enfoque aumenta la posibilidad de que se cometan violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.
Las fuerzas de seguridad del país ya han sido acusadas de llevar a cabo masacres extrajudiciales y de torturar a presuntos pandilleros, así como de hacer pocas distinciones entre civiles y pandilleros en los patrullajes policiales. Los congresistas salvadoreños también han considerado otorgar mayores facultades a las autoridades a la hora de intervenir conversaciones telefónicas, y en mayo de este año el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que brigadas militares fuertemente armadas serían desplegadas en las calles de El Salvador.
Además del potencial abuso de autoridad generado por la clasificación de las pandillas como terroristas, esta decisión puede también afectar otros asuntos. Por ejemplo, las ONGs y las organizaciones internacionales que trabajan
con jóvenes en riesgo en El Salvador en zonas controladas por pandillas, o que ayudan a los pandilleros a dejar sus vidas criminales, ahora podrían ser catalogadas como terroristas, lo cual impediría sus importantes labores.
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