La Corte Suprema de Panamá solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores aprobar una solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, un nuevo paso en un caso en el que se acusó el antiguo líder de mantener una operación ilegal de espionaje interno.
La solicitud de extradición se deriva de los cargos contra Martinelli por ordenar interceptaciones ilegales a más de 150 personas, entre ellos opositores políticos, mientras se desempeñó como presidente desde 2009 hasta 2014. Martinelli ha negado las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de "persecución política" en su contra.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó que recibió la solicitud de la Corte Suprema el 26 de mayo. El ministro afirmó en un comunicado que estaba analizando la solicitud y que pronto anunciaría cómo planea proceder. El equipo legal de Martinelli busca argumentar que la petición no cumple con ciertos requisitos legales.
Martinelli también ha sido vinculado a otras supuestas actividades criminales a raíz de su periodo en el poder, incluyendo un esquema de corrupción que involucra un programa de ayuda social y un escándalo más sobre implica un contrato de software del gobierno por varios millones de dólares. También ha negado cualquier irregularidad en esos casos.
El expresidente huyó de Panamá en enero de 2015, un día después de que la Corte Suprema comenzara a investigar su presunta implicación en el esquema de corrupción en el programa de ayuda. Sus abogados dicen que reside actualmente en Miami, Florida.
Análisis de Insight Crime
Las probabilidades de extradición de Martinelli aún no son claras, pero las múltiples investigaciones en curso relacionadas con su mala conducta durante su periodo presidencial confirman tendencias más generales en Centroamérica.
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Por ejemplo, existen algunos paralelos entre las acusaciones contra Martinelli y las realizadas contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Al igual que Martinelli, Pérez Molina está acusado de supervisar una estructura mafiosa en el que las élites utilizan su poder político para obtener beneficios personales. Del mismo modo, las últimas tres administraciones presidenciales en El Salvador han afrontado acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Como indican estos casos, la corrupción ha involucrado a actores en las más altas jerarquías de gobierno en muchos países centroamericanos. Pero la búsqueda de cargos graves contra expresidentes también es una indicación de que los países de la región están haciendo avances para asegurar que quienes incurran en actos de corrupción no escapen de la justicia, aun cuando pertenezcan a la poderosa élite.
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