Una nueva ley en Costa Rica, que busca destruir las pistas ilegales de aterrizaje, podría ser una oportunidad para controlar los vuelos y cerrar la vía aérea para el narcotráfico en el país. Sin embargo, disminuir el ya constante flujo de narcotráfico sigue siendo un reto.
El 21 de septiembre el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó la ley número 9902 que permitirá a las Fuerzas Armadas de ese país destruir e inhabilitar las pistas de aterrizaje aéreo no autorizado en los predios de orden privado. La primera de este tipo en el país.
De acuerdo con el documento presentado ante el Senado, el Servicio de Vigilancia Aérea del país, junto con otras organizaciones de la Fuerza Pública, podrán realizar “reconocimientos permanentes” en el territorio nacional, para facilitar el hallazgo de las pistas y deberán notificar a los dueños de los predios para que presenten los documentos legales o, de lo contario, serán destruidas.
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La diputada Zoila Volio Pacheco, ponente de la de ley, calificó la propuesta como “un paso contra el crimen organizado” y agregó que se trata de “un instrumento operativo para que puedan inhabilitar esta entrada (narcotráfico) a nuestro país”, según reportó elmundo de Costa Rica.
Para marzo de este año, las autoridades costarricenses ya habían detectado 140 pistas clandestinas en el país, que no habían podido ser intervenidas, de acuerdo con declaraciones del Ministro de Seguridad, Michael Soto, entregadas al medio La Nación.
Análisis de InSight Crime
Costa Rica se está moviendo para tratar de impedir el arribo de cargamentos de droga por vía aérea, una práctica que se está haciendo cada vez más común en Centroamérica y en la que anteriormente tenía poca capacidad de contener.
Hasta 2016, el país centroamericano solo tenía un radar en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de la capital, San José, el cual solo detectaba vuelos comerciales. A esto se suma el hecho de que la falta de capacidad para actuar en propiedades privadas había dejado a las autoridades con un vacío legal, mientras los narcovuelos se disparaban en la región, según explicó el ministro Soto al medio Crhoy en agosto de 2019.
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Sin embargo, la mayoría de los narcóticos parecen estar moviéndose por Costa Rica por mar y tierra. En mayo de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública informó del decomiso de cantidades récord de narcóticos, con el hallazgo de 19 toneladas entre enero y marzo. Esto comparado con 35 toneladas de drogas incautados en el 2019.
De los tres alijos más grandes que se informaron en esa época, ninguno llegó por vía aérea. En febrero, un alijo de cinco toneladas de cocaína, la mayor incautación del país en un solo operativo, se halló en el puerto de Limón. En marzo, se atrapó un barco con tres toneladas a bordo, también en aguas de Limón. Y también en marzo, los organismos de seguridad decomisaron dos toneladas de cocaína a bordo de un vehículo en la ciudad de Moín.
Antes de la pandemia por el coronavirus, Costa Rica había redoblado las patrullas en sus aguas del Pacífico, y los decomisos habían crecido en igual medida.
Pero contener la construcción de narcopistas ha sido un problema cada vez mayor en toda Centroamérica a lo largo del año. Para mediados de septiembre, se habían destruido 30 pistas de aterrizaje ilegales en Honduras, y en Guatemala se hablaba al menos de otras 15.
En un informe sobre tráfico de madera publicado recientemente, InSight Crime señaló cómo los narcotraficantes se unieron con los taladores en Honduras para despejar la selva para construir pistas de aterrizaje y luego vender la madera obtenida ilegalmente.
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