Según un funcionario del gobierno, en Costa Rica se lavan más de US$4 mil millones cada año; un delito facilitado por el alto grado de apertura financiera del país y su creciente importancia en el tráfico regional de drogas.

Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, afirmó que en el país se lavan US$4.200 millones cada año, informó el Diario Extra. Según el funcionario, el delito es tan común en el país que “todos en Costa Rica vemos el blanqueo diariamente en diferentes dimensiones”.

Según el diario, gran parte del lavado de dinero en Costa Rica se canaliza a través de la incipiente industria de la construcción; cuando las organizaciones criminales quieren introducir dinero al sistema financiero legal, normalmente adquieren propiedad raíz o invierten en el sector de la construcción. Las instituciones financieras, los casinos y las casas de cambio también son usadas para lavar dinero ilícito.

Figueres también se refirió al papel de Costa Rica como punto de transferencia en el tráfico regional de drogas —la ubicación del país en medio de las rutas de droga entre Suramérica y Estados Unidos y los flujos ilegales de dinero representan una “amenaza” para la economía costarricense—. La gran cantidad de dinero ilegal en circulación también representa una amenaza, si se compara con el tamaño relativamente pequeño de la economía nacional.

Análisis de InSight Crime

Figueres finalmente ha logrado cuantificar una problemática que el país ha tenido durante varios años. Como sucede con su vecino Panamá, que tiene una merecida reputación como epicentro de lavado de dinero en Latinoamérica, Costa Rica cuenta con un sistema financiero relativamente abierto, grandes cantidades de dinero en el sector turístico y utilidades de un creciente comercio de drogas que los traficantes tratan de legalizar. En una investigación realizada por InSight Crime en 2011, se encontró que el lavado de dinero en Costa Rica generalmente está relacionado con las organizaciones criminales y el tráfico de drogas, así como con el tráfico de armas y la trata de personas.

En un conocido caso que salió a la luz pública en 2013, las autoridades de Estados Unidos desmantelaron una casa de cambio virtual en Costa Rica llamada Liberty Reserve, a la cual los fiscales se referían como “la opción bancaria para el mundo criminal”. Su propietario consiguió establecer dicho negocio en el país tras casarse con una ciudadana costarricense, y es probable que la casa de cambio haya logrado mantenerse en funcionamiento debido a las laxas regulaciones en el país para los negocios en línea. El caso Liberty Reserve, que movió cerca de US$6.000 millones, puede ser considerado una de las operaciones de lavado de dinero más grandes de la historia.

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Después de dicho caso, Costa Rica ha buscado mejorar su Política de Lavado de Dinero (AML por sus iniciales en inglés), y según Tico Times, en enero de 2015 el país fue sometido a una auditoría del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT).

El Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (pdf), publicado en 2015 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que Costa Rica ha ratificado 19 de las 21 regulaciones recomendadas para combatir el lavado de dinero. A Panamá sólo le hace falta aprobar tres de dichas regulaciones; sin embargo, ambos países continúan incluidos en la lista de países que generan “gran preocupación” debido al lavado de dinero, publicada por el Departamento de Estado.

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