Desde la abolición de sus fuerzas armadas en 1948, Costa Rica ha sido un oasis de paz en una región azotada por el crimen y el conflicto, pero un alza en los crímenes violentos en los últimos años ha obligado al gobierno a desarrollar estrategias de seguridad efectivas e innovadoras para mantener su imagen de país en paz.
La semana pasada, los costarricenses celebraron el septuagésimo aniversario como país sin ejército. Desde la abolición, el país ha experimentado un crecimiento económico en índices muy superiores al promedio regional, con un PIB per cápita que se triplica desde 1960.
Pese a que tradicionalmente ha padecido mucho menos los problemas de crimen organizado que acosan a muchos de sus vecinos, las tasas de homicidios en Costa Rica se han elevado a un ritmo constante desde 2013. Las tasas de homicidio batieron un récord el año pasado, y 2018 puede arrojar un balance aún más sangriento, con un saldo de muertos estimado de 625.
El gobierno costarricense ha buscado ayuda de otros países de la región para combatir el alarmante aumento de los homicidios.
El presidente Carlos Alvarado implementó recientemente una nueva estrategia de seguridad, con base en un programa de seguridad pública que ha rendido frutos en la ciudad de Medellín, Colombia, un plan en el que el gobierno de Estados Unidos ha invertido US$7,5 millones.
En vigor desde septiembre, "Sembremos Seguridad" se enfoca en la participación ciudadana para identificar los problemas de seguridad más acuciantes en cada una de las 82 divisiones administrativas del país. El gobierno nacional colaborará entonces con los organismos locales para inyectar inversión social o recurrir a la acción policial para enfrentar los problemas señalados.
Análisis de Insight Crime
Con el continuo aumento de los índices de criminalidad en Costa Rica, el compromiso reciente con un plan de seguridad centrado en la ciudadanía indica que el gobierno está decidido a demostrar que es capaz de enfrentar el crimen organizado sin recurrir a tácticas agresivas.
La falta de un ente militar sigue siendo uno de los logros más meritorios de Costa Rica, en una región propensa al conflicto interno, y en la cual las fuerzas de seguridad militarizadas han resultado una y otra vez ser costosas e ineficaces.
En lugar de seguir una línea de seguridad agresiva o reaccionaria, “Sembremos Seguridad” indica una dedicación a largo plazo en la lucha contra el crimen organizado y la violencia por medio de políticas públicas y compromiso ciudadano.
El objetivo es suprimir las causas primeras del crimen en cada comunidad, creando cimientos de seguridad desde cero, en lugar de la estrategia habitual de mano dura desde arriba.
Una recopilación amplia de información permitirá al gobierno adoptar estrategias de seguridad específicas para cada municipio, lo que permitirá una distribución de recursos más efectiva. El plan también hace énfasis en la integración de estrategias de seguridad locales con planes federales, con el fin de formular una política de seguridad pública cohesiva a largo plazo.
Sin embargo, puede requerirse acciones más urgentes para afrontar el alarmante incremento de la inseguridad, que ya ha ocasionados un deterioro importante de la reputación del país en el exterior.
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En los últimos años, grupos criminales locales se han expandido, sofisticando y diversificando sus actividades. Influenciados por organizaciones criminales transnacionales de mayor tamaño, los grupos costarricenses han comenzado a ganar acceso a las rentables economías ilícitas del robo de combustible y la minería aurífera ilegal, así como el negocio de la droga, más tradicional.
Además, el repunte de la violencia ahora amenaza con afectar una de las principales fuentes de ingresos del país.
Una ola de macabros asesinatos contra turistas en los últimos meses puede tener un impacto importante en la industria turística en Costa Rica. Favorecido por largo tiempo por su seguridad relativa y sus bellos parajes naturales, el turismo representó casi el 7% del producto interno bruto del país en 2017, y genera alrededor de 211.000 empleos al año.
En 2017, el número de visitantes de Estados Unidos cayó por primera vez en una década, cuando los temores por la seguridad comenzaron a tomar fuerza.