Ofreciendo datos satelitales de sus flotas, Costa Rica es el último país de Latinoamérica que enfrenta la pesca ilegal, que cuesta miles de millones de dólares y recarga las aguas ya sobreexplotadas.
En julio, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) firmó un acuerdo para hacer pública la información sobre la ubicación de sus barcos por medio del Observador de Pesca Global (Global Fishing Watch, GFW), alianza entre el grupo conservacionista internacional Oceana, la firma de tecnología satelital SkyTruth y Google.
Ese proceso —culminado en el mes de agosto— convierte a Costa Rica en el cuarto país latinoamericano en compartir abiertamente sus datos de monitoreo de embarcaciones con la organización, que monitorea la ubicación de barcos en una mapa de acceso público. Panamá, Chile y Perú comenzaron a compartir información con GFW en 2019. Indonesia fue el primer país en hacerlo.
La información, publicada con un retraso de 72 horas, busca reducir la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada (INDRN). Los datos se recolectan del sistema gubernamental de monitoreo de embarcaciones (VMS) y por medio del Sistema de Identificación Automático (AIS), un sistema de navegación obligatorio para barcos de gran calado, que transmite sus ubicaciones a barcos cercanos y autoridades costeras.
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En ese momento, se usan los datos para crear un mapa de flotas en tiempo casi real, con el objetivo de identificar barcos pesqueros comerciales que ingresan a zonas protegidas y naves que realizan operaciones de pesca ilegal.
Esta iniciativa no es el primer intento de Costa Rica para proteger sus aguas. En 2015, el Sistema Nacional de Conservación de Áreas (SINAC) y la Red de Restauración de Isla Tortuga lanzaron un sistema de vigilancia mediante drones para contener la caza y la pesca ilegales.
El organismo de pesqueras de Costa Rica estimó que entre 80 y 100 embarcaciones se dedicaban a la pesca en cerco, una técnica ilegal, en el Golfo de Nicoya, sobre el Océano Pacífico. Además, el Parque Nacional Isla Cocos, a 550 kilómetros desde el territorio continental, también ha sido un objetivo constante de la pesca ilegal.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pesca mundial INDRN representa pérdidas entre US$10 y US$23 mil millones al año. Aparte del daño al medio ambiente y la amenaza a las especies marinas, como la pesca, también amenaza los medios de subsistencia de las comunidades costeras.
Análisis de InSight Crime
Se espera que esta nueva medida del gobierno costarricense para detener la pesca ilegal dé fuerza a las iniciativas para que otros gobiernos latinoamericanos sigan el ejemplo.
Aumentar la transparencia de la actividad de los barcos en el mar puede contribuir a disminuir la pesca INDRN, afirmó Mónica Espinoza, gerente regional de Global Fishing Watch para Latinoamérica.
"Dado que el nuevo sistema de monitoreo recolecta información sobre el movimiento y las actividades de la embarcación, e incluso puede distinguir si se apagaron los sistemas de monitoreo, se hace mucho más fácil para GFW y las autoridades detectar actividades de pesca ilegal", declaró Espinoza en intercambio con InSight Crime.
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A nivel global, es crucial la transparencia en las operaciones pesqueras. La Fundación para la Justicia Ambiental (Environmental Justice Foundation) dijo a InSight Crime por medio de un mensaje de correo que "los operadores ilegales tienen poco riesgo de captura y sanción por parte de las autoridades de control", por los "desafíos de revelar las actividades ilegales de una embarcación, tanto actuales como pasadas".
Aunque no hace parte del acuerdo, otros países de la región también están haciendo avances. Países como Uruguay, Argentina y Chile publican datos sobre licencias y permisos de pesca.
A comienzos de este año, el gobierno ecuatoriano aprobó una ley para reforzar la vigilancia en sus aguas. Mientras que, el Índice de Pesca INDRN presentado por Global Iniciative contra el Crimen Organizado, pone a Belice entre los primeros diez países con las mejores prácticas en el combate a la pesca ilegal.
Pero otros se han ido a pique. En Colombia, las autoridades no ha podido de manera continuada impedir que las embarcaciones ingresen a la reserva de Malpelo en su costa Pacífica. En México, la pesca de totoaba —una especie de pez propia de ese país cuyo comercio internacional se prohíbe, pero que suele ser objeto de caza furtiva en el Golfo de California— ha llevado a la marsopa vaquita al borde de la extinción.
Las iniciativas de lucha contra la pesca ilegal en los países latinoamericanos también se dificultan con la presencia de flotas extranjeras, que ilustra la presencia continuada de 340 barcos chinos cerca de las islas Galápagos de Ecuador.
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